Bruselas abre un expediente a España por multar a las aerolíneas que cobran un suplemento por el equipaje de mano

Nuevo tirón de orejas de Bruselas al Gobierno español. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por las multas impuestas a varias aerolíneas que cobran suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para personas dependientes.

En total, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sancionó con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, alegando que esas prácticas vulneraban los derechos de los pasajeros. Sin embargo, la Comisión Europea considera que la actuación española limita la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios, un principio protegido por la normativa comunitaria sobre transporte aéreo.

Según Bruselas, la Ley de Navegación Aérea española y las sanciones derivadas de ella “restringen la libertad de precios que deben disfrutar las compañías dentro del mercado único europeo”. Por ello, el Ejecutivo comunitario ha remitido una carta de emplazamiento al Gobierno español, primer paso del procedimiento de infracción, y ha dado un plazo de dos meses para ofrecer explicaciones o corregir las irregularidades detectadas.

Si en ese plazo España no logra justificar su actuación, la Comisión podría pasar a la segunda fase del procedimiento, enviando un dictamen motivado que abriría un nuevo periodo de diálogo. En última instancia, si el conflicto persiste, Bruselas llevaría el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría fallar en contra de España.

La disputa afecta de lleno a una de las medidas más polémicas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que el año pasado anunció su intención de sancionar a las aerolíneas por cobrar por servicios que tradicionalmente se consideraban básicos, como el equipaje de mano o la asignación de asientos a familias. La Comisión Europea, sin embargo, recuerda que cada compañía tiene derecho a diseñar su política comercial siempre que informe con transparencia al consumidor, y que los Estados miembros no pueden intervenir directamente en la fijación de precios dentro del mercado aéreo europeo.

Además, Bruselas ha abierto otro expediente contra España por no haber incorporado a su legislación las nuevas normas europeas que permiten a proveedores de servicios de pago no bancarios, como las entidades de dinero electrónico, participar en los sistemas de pago instantáneo. El objetivo es garantizar mayor competencia, rapidez y eficiencia en los pagos.

La Comisión ha enviado una carta al Gobierno para que transponga cuanto antes las modificaciones pendientes de las directivas sobre servicios de pago y firmeza de liquidación, cuyo objetivo es facilitar una competencia más justa y eficiente en el sector financiero.

Este expediente supone un nuevo roce entre Bruselas y el Gobierno español en materia de regulación económica y competencia. Si el Ejecutivo no rectifica o no logra justificar su posición en el plazo establecido, España se arriesga a una sanción europea y a un nuevo revés jurídico en Luxemburgo.