El Gobierno vuelve a fallar a las clases medias con el Plan Auto

El Gobierno ha presentado su nuevo plan de automoción como si fuera el gran salto adelante de la movilidad en España: más ayudas para comprar coche eléctrico, más puntos de recarga, más fondos para la industria. Sanchez vuelve a recurrir a su juego habitual, el de la propaganda. Ni le importa la industria, ni mucho menos los consumidores o las empresas. Siempre es el mismo patrón: dogmatismo tecnológico, mala ejecución presupuestaria y una transición que vuelve a cargar el peso sobre las clases medias.

España llega tarde a la electromovilidad. Estamos a la cola de Europa en infraestructura de recarga, con miles de puntos instalados que no funcionan, y con un mercado de vehículos electrificados que vende menos de la mitad de lo necesario para cumplir los objetivos europeos. El precedente inmediato, el plan MOVES diseñado por el gobierno de Sánchez, ha dejado una larga lista de familias y empresas esperando durante meses, incluso más de un año, para cobrar una ayuda. Y la culpa no es de las Comunidades Autónomas, sino de un ejecutivo que vive fuera de la realidad.

Con estos mimbres, llegamos a un nuevo plan, presentado como si fuera un borrón y cuenta nueva. Pero la pregunta no es si hay que descarbonizar el transporte, eso lo damos por hecho, sino cómo se hace y quién paga realmente la factura.

El discurso oficial insiste en que el plan apuesta por la movilidad sostenible. Pero al mirar qué tecnologías se apoyan de verdad, el mensaje es otro: se blinda el coche eléctrico de batería y se margina todo lo demás.

Las ayudas se concentran en turismos eléctricos puros, híbridos enchufables y algún vehículo de pila de combustible. Fuera de la foto quedan híbridos no enchufables muy eficientes que recortan notablemente emisiones frente al parque antiguo, los motores de combustión avanzados alimentados con biocombustibles, capaces de ser neutros en carbono y gases renovables en el transporte profesional, donde el eléctrico puro sigue siendo caro o directamente inviable.

Con un parque móvil de una edad media de 14 años, se debería incentivar renovación sea con la tecnología que sea, siempre que contamine mucho menos y sea más seguro.

Es la neutralidad tecnológica la que debería guiar una transición seria: fijar objetivos de CO₂ y seguridad vial, y dejar que compitan todas las soluciones que los cumplan. El Gobierno español, siempre se ha movido en el intervencionismo ideológico que reduce las opciones del consumidor y estrecha el margen de la industria.

No se trata de premiar una etiqueta determinada, lo importante es dar libertad a los consumidores, contaminar menos y que haya menos accidentes, no qué tipo de enchufe lleva el coche.

El segundo pilar del relato de Sánchez son las cifras: cientos de millones para ayudas a la compra, para corredores de recarga y para un nuevo PERTE del vehículo eléctrico. Pero anunciar dinero no equivale a transformar la realidad, sobre todo si no se concretan cuantías de las ayudas y plazos.

El Plan marca unos objetivos para 2035 que no se alcanzarán con este gobierno.

El ministerio de Industria nunca ha liderado el apoyo a la Industria de la automoción. Un PERTE del Vehículo Eléctrico donde se han perdido años valiosos por los errores de diseño del ministerio y una ejecución presupuestaria mínima, siempre entre los peores ministerios de Sánchez y con una parálisis manifiesta en 2025.

Con la infraestructura de recarga ocurre algo similar,. España no sólo tiene menos puntos por habitante que otros países de nuestro entorno, lo más grave es que una parte significativa de los que están instalados no funciona (22%), o son tan lentos que resultan poco útiles para viajes reales. Falta potencia, falta coordinación, sobran trámites. El nuevo plan responde con más fondos y nuevos programas, pero sin una reforma profunda de burocracia, calendarios y responsabilidades.

Políticamente, Sánchez se envuelve en un mensaje emocional: “ayudar a la clase media trabajadora a comprar un coche eléctrico”. Suena bien, pero es la misma clase media a la que está machacando.

Con los precios actuales, incluso con subvención, un coche eléctrico nuevo sigue siendo inaccesible para una gran parte de los hogares. La subida del coste de la vida, la presión fiscal creciente y el encarecimiento de la vivienda han reducido el salario real y el margen para asumir la letra de un coche. En la práctica, las ayudas terminan concentrándose en quienes ya tenían capacidad para hacer el cambio.

La mayoría de los ciudadanos no pide milagros, solo quiere poder sustituir un coche viejo y contaminante por otro más eficiente y seguro sin que eso hipoteque su presupuesto. Para eso hacen falta reformas fiscales que premien el trabajo y el ahorro, energía a precios razonables y una Administración que responda en plazo, no sólo un nuevo plan sectorial con nombre atractivo.

España tiene talento industrial, una cadena de valor competitiva y posición geográfica para ser protagonista en la nueva movilidad. Lo que falta no son más powerpoints, sino un Gobierno que confíe menos en los dogmas y más en la competencia, en la innovación y en la libertad de elección del ciudadano.

La transición energética no puede construirse a base de anuncios grandilocuentes. Debe ser técnicamente solvente, socialmente justa y económicamente sostenible. Y eso exige precisamente lo que hoy falta en la estrategia de Sánchez: neutralidad tecnológica, rigor en la ejecución y respeto verdadero a las clases medias, más allá de la propaganda.