Gran Apagón: la CNMC confiesa

Han pasado 325 días desde el histórico e inédito gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que sumió a la España peninsular, Portugal y parte de Francia en el caos de la falta de suministro eléctrico y de los servicios esenciales que dependen de ello. Tres informes institucionales después —Gobierno, la patronal europea de gestores de red ENTSO-E y esta semana la CNMC— seguimos sin culpables, sin cuantificación oficial de daños y, lo que es más preocupante, sin una sola responsabilidad asumida. 

Ni técnica, ni regulatoria, ni política. Coinciden todos en algo sustancial: ni ciberataque, ni efecto látigo de las interconexiones con resto de la UE, ni fenómeno natural imprevisible. Fallo multifactorial endógeno de nuestra propia red eléctrica. Pero los consumidores agotan su plazo para poder reclamar judicialmente y no saben a quién.

Y mientras escribimos este artículo se conocerá un cuarto informe, el informe definitivo de ENTSO-E, que muy probablemente tampoco señalará culpables. Si lo hiciera, haría caer al gobierno de España, porque tendría que poner de relieve como el gobierno, -con la activa complicidad de la Presidenta de la semipública Red Eléctrica, exministra del PSOE-, ha hecho todo lo posible hasta ahora para ocultar la verdad, para manipular la realidad y para no asumir las evidentes responsabilidades del gobierno y de ella misma.

El informe publicado el 19 de marzo por la CNMC es especialmente revelador. No porque señale responsables —que no lo hace—, sino porque confirma, entre líneas, lo que expertos independientes llevan meses denunciando: el sistema eléctrico español fue llevado al límite por el fomento irresponsable de un despliegue acelerado de renovables que no vino acompañado de una adaptación equivalente de la regulación ni de la operación del sistema. 

El propio regulador admite un origen multifactorial del apagón, pero reconoce deficiencias claras en el marco normativo y en la operativa del sistema. Traducido: el problema no fue un fallo puntual, sino un fallo sistémico de gobernanza.

Una mutación del mix de generación que corría más que sus reglas para operarlo

El mix de generación español se transformado desde 2018, cuando la fotovoltaica y el autoconsumo suponían tan sólo una pequeña porcentaje del total, hasta suponer hoy con el resto de las renovables la principal fuente de generación eléctrica en nuestro país, alcanzando casi el 60% del total. 

Hoy contamos con 10.000 MW de autoconsumo fotovoltaico instalado, un 50% más que toda la potencia nuclear. Si añadimos el resto de plantas fotovoltaicas, multiplica por cinco es distancia. Y esa mutación genera cambios tecnológicos que permiten operar las redes de manera distinta para mantener la seguridad y la estabilidad, pero que necesitan de la regulación adecuada para poder ser aplicados. No se hizo.

El informe viene a confesar que desde al menos 2021 existían propuestas técnicas de Red Eléctrica y de la propia CNMC para adaptar la regulación del control de tensión a un sistema cada vez más dominado por generación renovable. Sin embargo, esas reformas no se aprobaron hasta después del apagón. 

Es decir, el sistema eléctrico evolucionaba hacia un modelo mucho más dinámico y necesitado de rapidez de respuesta—más fotovoltaica, más autoconsumo, más electrónica de potencia— mientras las reglas del juego seguían diseñadas para un modelo anterior basado en un modelo más estático, basado en la inercia y la potencia síncrona.

Y aquí aparece la primera responsabilidad política. Porque el ritmo de ese cambio tecnológico no es consecuencia de un proceso natural, del destino o de la casualidad: lo marca el Gobierno a través de su política energética, sus objetivos de penetración renovable y sus esquemas de ayudas y prioridades para la fotovoltaica y el autoconsumo. 

Desde 2019, España ha impulsado un crecimiento masivo de la fotovoltaica y del autoconsumo, pero sin dotar al sistema de las herramientas regulatorias necesarias para gestionarlo con seguridad.

El resultado lo describe con crudeza la CNMC: un sistema con problemas de control de tensión, falta de coordinación y herramientas que existían pero no se utilizaron adecuadamente, mientras se trabaja en las nuevas herramientas de adaptación.

Y aquí surge otra clara responsabilidad; la CNMC achaca al operador del sistema haber realizado maniobras para despejar las primeras perturbaciones que resultaron contraproducentes porque agravaron los problemas de control de tensión y contribuyeron al colapso.

¿Por qué lo hizo?, cabe preguntarse. La respuesta la da lo que hizo después; la “operación reforzada” para modular el mix en el mercado, restringiendo las renovables y dando más paso a ciclos combinados de gas y nuclear. 

Autoconsumo invisible y redes vulnerables

Uno de los elementos más críticos del informe es la llamada “falta de observabilidad” del autoconsumo. Durante el incidente se perdieron 525 MW de generación distribuida que el operador no pudo monitorizar en tiempo real. Significa que una parte relevante del sistema eléctrico operaba prácticamente “a ciegas”, en un contexto donde la estabilidad depende de milisegundos y de respuestas automáticas coordinadas.

Además, el auge del autoconsumo tuvo un efecto colateral poco discutido: descargó las redes de transporte, haciéndolas más sensibles a variaciones de tensión e inutilizándolas para contribuir a su solución. Es decir, el sistema se volvió más eficiente en apariencia, pero más frágil en la práctica. Un espejismo.

¿Quién debía anticipar este riesgo? El operador del sistema, Red Eléctrica, que tiene la función de garantizar la seguridad de suministro; la CNMC, como regulador independiente; y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), como responsable último de la política energética. Y en último término, Presidencia y el conjunto del Gobierno, que tiene pendiente de cumplir una orden dese hace seis años una orden de actualización de la Estrategia Seguridad Energética Nacional que data de 2015.

No es una opinión. Es la arquitectura legal del sector. La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico atribuye al operador del sistema la responsabilidad de la operación segura y la propuesta de procedimientos técnicos; a la CNMC, la supervisión y aprobación de buena parte de la regulación; y al Gobierno, a través del MITECO, la planificación energética y el desarrollo normativo. Un triángulo de responsabilidades que, a la luz de los hechos, ha fallado de forma simultánea.

El apagón era evitable. Y eso lo cambia todo

Quizá la frase más relevante del debate no está en el informe técnico, sino en los titulares que lo acompañan: “el apagón era evitable”. Si era evitable, ya no hablamos de un accidente inevitable en un sistema complejo. Hablamos de una cadena de decisiones —y de omisiones— que condujeron a ese resultado. 

El propio informe reconoce que existían herramientas regulatorias y operativas para mitigar el riesgo. También señala que las medidas adoptadas durante el incidente, aunque redujeron oscilaciones, incrementaron tensiones y precipitaron el colapso.

Pero si el operador conocía los riesgos —porque había propuesto reformas desde 2021— y la regulación no se adaptaba, ¿por qué no se operó el sistema en un modo más conservador antes del apagón, como si se hizo después? Algunos operadores privados lo han señalado con claridad: se priorizó el cumplimiento de objetivos de generación renovable —los “récords verdes”— sobre la prudencia operativa. Es decir, el gobierno no quería ser acusado de imponer su propio “impuesto al sol”. 

Hay que cambiarlo casi todo

Ahora la CNMC propone una Hoja de Ruta integral para un cambio de modelo, hay que modificarlo casi todo para poder aprovechar el potencial de nuestras renovables sin poner en riesgo la seguridad y eficiencia del sistema. Se han perdido casi 8 años mientras crecía el desequilibrio y el riesgo, hasta que hubo un primes estallido del gran apagón del 28 de abril.

La burbuja del déficit de tarifa de Zapatero, 30.000 millones de euros que aun pagamos en la factura eléctrica, le estalló a un gobierno del PP. Quizás en el gobierno alguien se consuele pensando que la burbuja de Sánchez y Ribera y el caos regulatorio de la inacción, acabe estallando también a un gobierno el PP.

Flaco consuelo para quienes debería velar por el interés general y no por el particular suyo propio. Nos queda esperar que paguen por el daño que están causando.