La factura invisible: intervención, impuestos, fondos europeos y el coste real de la energía en España

El Gobierno viene presumiendo de una política energética que dice exitosa porque en algunos días y momentos arroja precios mayoristas bajos en el mercado eléctrico. Pero los consumidores —hogares e industria— continúan pagando una de las facturas finales más elevadas de Europa como resultado de una política energética que ha trasladado demasiados sobrecostes al recibo mediante fiscalidad, regulación ineficiente y una ejecución lamentable de la oportunidad que han supuesto los fondos europeos. Y a cambio de ese mayor esfuerzo, reciben un colapso sistémico histórico de un servicio básico: un cero eléctrico colosal del que, al parecer, nadie fue responsable, pero que deben pagar los consumidores.

El coste real de la electricidad: acumulación de costes regulatorios

Para los socios de ultraizquierda en el gobierno el problema del sistema eléctrico es el mercado, la liberalización. Pero el problema no está en el mercado. Está en lo que depende de las decisiones políticas. Porque hoy el coste real de la electricidad en España ya no se explica solo por el pool, cada vez más volátil, sino por una acumulación creciente de costes regulatorios.

El mejor ejemplo son los servicios de ajuste del sistema, disparados tras el gran apagón. Solo en el primer trimestre de 2026 han superado los 1.450 millones de euros y, de mantenerse la tendencia, podrían superar los 6.000 millones en el conjunto del año, más del doble que en 2024.

Traducido a factura: estos costes añaden ya unos 29 €/MWh al precio de la energía, frente a 16 €/MWh en 2025 y 12,7 €/MWh en 2024. En febrero, el coste de la energía fue de 18 €/MWh y el de los servicios de ajuste alcanzó los 26 €/MWh, más que duplicando el precio final al consumidor. Pero en abril ya los costes de los servicios de ajuste triplican el precio del mercado, 41 €/MWh frente a 17 €/MWh.

Y esta alarmante situación no es fruto de la crisis de Irán desatada en marzo, ni responde a una crisis externa, sino a un fallo estructural: un desequilibrio creciente entre generación y red que obliga a operar en condiciones cada vez más caras e ineficientes.

Más gas en Ciclos, menos eficiencia y el cierre nuclear en el horizonte

La distorsión no acaba ahí. El sistema se ha vuelto más dependiente del gas en momentos críticos. En marzo de 2026, en plena crisis de precios del gas por la guerra en Irán, los ciclos combinados han aumentado su peso hasta el 14,4% del mix, frente al 10,5% de un año antes, mientras la cogeneración se desploma hasta el 2,6%, prácticamente la mitad que en 2025.

En definitiva, en un contexto de encarecimiento del gas, España ha quemado más gas —y de forma más ineficiente— para generar electricidad. Y, pese a ello, el Gobierno sigue empeñado en incrementar esa dependencia con el cierre nuclear. Con los riesgos adicionales que entraña para la estabilidad de la tensión en las redes.

Fiscalidad y cargos que nuestros vecinos no tienen

A este cóctel se suma la fiscalidad. Mientras los costes estructurales se disparan, el Gobierno mantiene una elevada presión fiscal sobre la energía, en contradicción con las recomendaciones europeas.

La factura eléctrica sigue cargando con impuestos y costes ajenos al suministro: 1.700 millones de euros del déficit de tarifa heredado, 700 millones de sobrecostes extrapeninsulares y 1.500 millones del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, inexistente en muchos países de nuestro entorno. Y aún no alcanza, en la última liquidación provisional del sistema eléctrico de 2025 aflora ya un déficit de 1.100 millones.

La UE recomienda trasladar estos costes ajenos al coste de la energía a los Presupuestos Generales del Estado, pero España ni siquiera dispone de unos presupuestos aprobados en esta legislatura, ni muestra voluntad de hacerlo.

El fiasco de los fondos europeos

España ha dispuesto de una oportunidad histórica para corregir estos desequilibrios con los fondos Next Generation. Sin embargo, su utilización ha sido ineficiente y desalineada con las necesidades reales del sistema. En 2025, el año del apagón, solo se han invertido 500 millones de euros en refuerzo de redes eléctricas, una cifra insignificante frente a necesidades estructurales, y muy inferior a decisiones de gasto en otros ámbitos como los 2.300 millones destinados a la compra de un 10% de Telefónica.

De los 5.000 Millones de euros iniciales disponibles de fondos europeos para 2025 en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo se han llegado a abonar a sus destinatarios 600 millones, un 12%, entre modificaciones de crédito para su desvío a otros programas y mala ejecución.

Pero el problema no es solo de ejecución, sino de enfoque. Se han priorizado subvenciones a tecnologías accesibles solo para determinados segmentos —autoconsumo, movilidad eléctrica—, generando un efecto regresivo: quienes no pueden invertir siguen pagando el sistema.

Además, se ha financiado la oferta renovable sin acompasar la inversión en redes, almacenamiento y flexibilidad. El resultado es sobrecapacidad en determinadas horas, infrautilización de activos y un sistema cada vez más caro, más ineficiente y más injusto. Y una oportunidad perdida para haber consolidado una cadena de valor industrial en sectores emergentes.

Más intervención, menos competencia

El colapso regulatorio de las redes es la consecuencia directa de esta falta de visión estratégica. Durante años se han limitado inversiones para evitar subir peajes, para luego acelerarlas con urgencia y sobrecostes tras el apagón, en un marco improvisado y jurídicamente cuestionable.

A ello se suma el creciente intervencionismo en el acceso a la red que introduce el Real Decreto-ley 7/2026, con nuevas categorías de proyectos “prioritarios” que pueden distorsionar la competencia y convertir el acceso en una herramienta discrecional al servicio de la política industrial.

En este contexto, los fondos europeos han dejado de ser una palanca de transformación para convertirse en un mecanismo de gestión política clientelar a corto plazo. Los programas sometidos a concurrencia competitiva para su asignación, no se ejecutan. En su lugar, Sánchez acumula los remanentes: 13.300 millones para un “fondo soberano” (10.500 millones en préstamos y 2.800 en transferencias), para continuar con las inversiones cuando se acabe el Plan de Recuperación, 120.000 millones de un fondo gestionado por el ICO y que se dice se orientará al sector privado con proyectos estratégicos que movilicen cerca de 300.000 millones de euros de inversión. Esos proyectos estratégicos que el gobierno decidirá y que tendrán derecho prioritario de acceso y conexión a una red escasa y en racionamiento, por delante de los que llevan meses y años esperando su turno.

Pero España aún tiene 224 hitos del Plan de Recuperación pendientes de cumplir asociados a 28.400 millones de euros en transferencias y 6.500 millones de euros en préstamos, que están en riesgo si no se acredita su cumplimiento antes del 31 de agosto.

Un problema de políticas

La suma de todos estos factores —costes regulatorios crecientes, fiscalidad elevada, mala ejecución de fondos y distorsiones intervencionistas— explica por qué la factura energética en España sigue siendo alta pese a tener uno de los pools más bajos de Europa.

No es un problema de mercado. Es un problema de política energética, en su triple dimensión técnica, económica e industrial.

Corregirlo exige reducir de forma estructural la carga fiscal, reorientar los fondos europeos hacia infraestructuras críticas y sectores emergentes, con mecanismos de concurrencia competitiva, y abandonar la lógica de intervención gubernamental selectiva, para recuperar señales económicas coherentes.

Esas señales que son fruto de un mercado al que se le permite funcionar competitivamente. No haciendo imposible la competencia por la creciente intervención del poder político.

Al fin y al cabo, el apagón que dicen los informes oficiales fue causado por una “tormenta perfecta” de fallos “multifactoriales” no fue una maldición del destino sino la consecuencia de una “tormenta perfecta” de fallos “multifactoriales” de la política energética de este gobierno. Y así seguimos, acelerando aunque vienen curvas…