Beneficios privatizados, pérdidas socializadas: el modelo que pagan los españoles

Hay una idea que, por repetida, empieza a parecer estructural en España: cuando las cosas van bien, los beneficios se concentran; cuando van mal, los costes se reparten entre todos. Es una lógica que erosiona la confianza pública y que, en sectores estratégicos, resulta especialmente preocupante.

El caso del sistema energético vuelve a poner este modelo bajo el foco. Redeia ha comunicado beneficios superiores a los 140 millones de euros, reflejo de un negocio sólido en un ámbito clave para el país. Sin embargo, al mismo tiempo, se plantea que los costes derivados de fallos o tensiones del sistema puedan acabar siendo asumidos por los ciudadanos. Traducido: beneficios privados, riesgos públicos.

El reciente apagón y las conclusiones de la comisión del Senado apuntan a algo más que un incidente puntual. Si la responsabilidad operativa recae sobre Red Eléctrica, la responsabilidad política corresponde a quien diseña y regula el sistema: el Gobierno. Y lo que deja entrever el análisis técnico es preocupante.

El marco regulatorio del control de potencia reactiva no estaba suficientemente adaptado al sistema real. No incorporaba criterios dinámicos claros ni establecía consecuencias económicas contundentes ante incumplimientos. En la práctica, el sistema operaba con reglas insuficientes para garantizar la estabilidad.

A ello se suma otro factor crítico: la red de 400 kV se operaba con un margen de seguridad inferior al de otros países europeos. El espacio entre condiciones normales de funcionamiento y riesgo de desconexión era reducido. No es un fallo puntual, es una debilidad estructural.

Durante años se ha impulsado una transformación acelerada del mix energético sin reforzar al mismo ritmo los mecanismos de seguridad. El problema no es la apuesta por las renovables, sino que el sistema ha evolucionado más rápido que sus garantías.

Y cuando ahora se plantea que nuevas medidas permitirán mejorar el control de tensión, la pregunta es inevitable: si esas soluciones eran posibles, ¿por qué no estaban ya implementadas?

La respuesta apunta a una falta de anticipación.

A esta debilidad estructural se suma una contradicción técnica difícil de ignorar. La creciente penetración de energías renovables —basadas en generación no síncrona— ha reducido la inercia del sistema eléctrico y su capacidad de respuesta ante perturbaciones. Es una cuestión física, no ideológica.

Por ello, el sistema sigue dependiendo de generación convencional —especialmente gas y nuclear— para garantizar estabilidad, control de frecuencia y tensión. Mientras el modelo avanza hacia un lado, la operación real necesita apoyarse en otro para no fallar.

El problema no es esa dependencia —es inevitable—, sino que no se haya integrado con suficiente rapidez en la regulación y planificación. Faltan mecanismos plenamente desarrollados: mercados de servicios de ajuste eficaces, exigencias técnicas claras para renovables y refuerzos en la estabilidad de red.

El resultado es un sistema más vulnerable de lo que debería.

Y cuando esa vulnerabilidad puede traducirse en costes para los ciudadanos, la cuestión deja de ser técnica para convertirse en política. Aquí aparece el segundo problema: la credibilidad.

En muchas democracias europeas, la pérdida de confianza tiene consecuencias. Karl-Theodor zu Guttenberg dimitió en Alemania cuando su credibilidad quedó en entredicho. Boris Johnson abandonó el cargo tras perder apoyo político.

En España, el umbral es distinto. Las contradicciones y los cambios de posición forman parte del paisaje político sin consecuencias claras. Las críticas al Gobierno por falta de coherencia han ido calando en la percepción pública.

Porque no se trata solo de decidir, sino de explicar. Cuando el discurso no encaja con la realidad o cambia sin asumirlo, la confianza se resiente. Y sin confianza, el sistema se debilita. El debate no es solo energético. Es institucional.

¿Es razonable un modelo en el que los beneficios se concentran y los riesgos se reparten? ¿Quién responde cuando el sistema falla? ¿Quién asume las consecuencias?

Gobernar no es solo gestionar, es anticipar, corregir y rendir cuentas. Porque el problema de fondo no es solo técnico ni económico: es de responsabilidad. No se puede sostener un modelo en el que los beneficios se blindan arriba y las pérdidas se reparten abajo.

Ni un sistema en el que los errores no tienen coste político. Si no hay responsabilidad, no hay confianza. Y sin confianza, no hay sistema que aguante.