España de baja

Hay cifras que retratan mejor que cualquier discurso el estado de un país. Y las que hoy arrojan las bajas laborales en España deberían preocuparnos a todos, al margen de ideologías.

Cada día más de un millón de españoles no acuden a su puesto de trabajo porque se encuentran de baja médica. La Seguridad Social destinó 18.413 millones de euros a incapacidad temporal en 2025 y todo apunta a que este año esa cifra superará por primera vez los 20.000 millones de euros. Mientras tanto, el absentismo laboral ha alcanzado el nivel más alto de toda la serie histórica.

No estamos ante una cuestión menor ni ante un debate reservado a expertos. Estamos hablando de uno de los principales retos económicos y sociales de España. Sin embargo, resulta sorprendente el escaso espacio que ocupa en el debate público. Se discute sobre reducción de jornada, nuevos permisos laborales o más gasto social, pero apenas se habla de la sostenibilidad del sistema que hace posibles todos esos derechos.

Como senadora, creo que nuestra obligación no consiste únicamente en denunciar los problemas cuando ya son irreversibles, sino en advertir de ellos cuando todavía estamos a tiempo de corregirlos.

Los datos que voy a citar corresponden a Cantabria, obtenidos a través de respuestas parlamentarias oficiales del Gobierno. Pero nadie debería caer en el error de pensar que se trata de un problema exclusivamente cántabro. Cantabria es simplemente el espejo de una realidad que se reproduce, con distinta intensidad, en prácticamente toda España.

En mi comunidad autónoma, los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes han pasado de 56.472 en 2018 a 92.474 en 2024. Es decir, un incremento cercano al 64 % en apenas seis años. Incluso con datos provisionales de 2025, correspondientes únicamente hasta noviembre, ya se habían registrado más de 89.000 procesos. Nunca antes se habían alcanzado cifras semejantes.

Pero el verdadero problema aparece cuando levantamos la vista y observamos el conjunto del país. España cerró 2025 con más de un millón de trabajadores de baja cada día. La tasa de absentismo alcanzó el 7,68 %, el porcentaje más elevado del que se tiene constancia. Cada jornada laboral faltan entre 1,6 y 1,7 millones de personas a su puesto de trabajo y, de ellas, alrededor de 1,27 millones lo hacen por motivos médicos.

No son simples estadísticas. Son hospitales con más listas de espera, pequeñas empresas incapaces de sustituir a un trabajador, comercios que reducen horarios, industrias que pierden productividad y administraciones públicas que ven resentida la calidad de los servicios que prestan. Y todo ello tiene un coste.

En 2025, la Seguridad Social destinó 18.413 millones de euros a prestaciones por incapacidad temporal. Solo entre enero y abril de este año el gasto ya ascendía a 6.163 millones de euros, un 13 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Si esta evolución continúa, España superará por primera vez los 20.000 millones de euros en un solo año. Pero esa es únicamente la factura que aparece en los Presupuestos.

Existe otra mucho mayor que pagan silenciosamente nuestras empresas, especialmente las pequeñas y medianas: la pérdida de productividad, las sustituciones imposibles, la ralentización de proyectos, la caída de la competitividad y las inversiones que nunca llegan a realizarse. Diversos estudios sitúan el impacto económico global del absentismo en decenas de miles de millones de euros anuales, una cifra que debería hacernos reflexionar sobre la magnitud del problema.

Lo que más me preocupa no es únicamente el crecimiento de las bajas laborales. Lo que realmente me inquieta es comprobar que el propio Gobierno reconoce que todavía está intentando averiguar por qué ocurre.

El Ejecutivo admite que se trata de un fenómeno "multicausal" y explica que trabaja con la OCDE, la Comisión Europea, las comunidades autónomas, las mutuas y los agentes sociales para identificar sus causas y plantear soluciones.

Es decir, el Gobierno sabe que el problema existe. Sabe que el gasto crece año tras año. Sabe que la tendencia continúa agravándose. Pero todavía no ha conseguido poner en marcha una respuesta capaz de cambiar esa dinámica.

Los expertos apuntan a varias causas: el envejecimiento de la población trabajadora, el incremento de los problemas de salud mental, el colapso de parte de la Atención Primaria, las listas de espera para pruebas diagnósticas o determinadas características de nuestro mercado laboral. El propio Gobierno también identifica estos factores y reconoce la necesidad de mejorar la gestión de la incapacidad temporal. Sin embargo, conocer las causas ya no es suficiente.

Resulta difícil explicar a cualquier empresario por qué existen mutuas con capacidad para realizar pruebas diagnósticas, tratamientos o procesos de rehabilitación mientras miles de trabajadores permanecen semanas o meses esperando una cita en el sistema público. El propio Gobierno reconoce que la colaboración entre ambos sistemas puede reducir listas de espera y evitar prolongaciones innecesarias de las bajas.

Este no es un artículo contra quienes realmente enferman. Todo lo contrario. La incapacidad temporal es un derecho irrenunciable y una conquista social que debemos proteger. Ninguna persona debería sentirse cuestionada por necesitar una baja médica para recuperarse.

Precisamente por eso debemos garantizar que el sistema funcione con eficacia, que los recursos lleguen a quien realmente los necesita y que las administraciones actúen con la diligencia que exige una situación como esta.

Porque un sistema que se vuelve cada vez más lento, más costoso y menos eficiente termina poniendo en riesgo precisamente aquello que pretende proteger.

Durante demasiado tiempo hemos confundido sensibilidad con resignación. Hemos aceptado como inevitable un fenómeno que merece una respuesta política seria, rigurosa y valiente. Y esa respuesta no puede limitarse a crear nuevas mesas de diálogo o encargar más informes mientras las cifras siguen batiendo récords.

España necesita recuperar la cultura de la prevención, mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y las mutuas, reducir las listas de espera, reforzar el seguimiento de los procesos y combatir con determinación cualquier utilización fraudulenta del sistema. Defender el Estado del bienestar no consiste únicamente en ampliar derechos; consiste también en garantizar que puedan sostenerse en el tiempo.

Porque detrás de cada baja laboral hay una persona que merece recuperarse. Pero también hay un compañero que asume su trabajo, una empresa que intenta salir adelante, unos contribuyentes que financian el sistema y un país que no puede permitirse perder, año tras año, una parte creciente de su capacidad para crear riqueza.

Una España que trabaja es una España que avanza. Una España instalada permanentemente en cifras récord de bajas laborales es una España que corre el riesgo de quedarse atrás. Y ese es un lujo que nuestro país, sencillamente, no puede permitirse.