Transportando a ciegas

Desde hace años la congestión de las redes viene siendo uno de los problemas más acuciantes del sistema eléctrico: las denegaciones de acceso y conexión a unas redes que se acercan, en promedio, al 90% de ocupación deja fuera proyectos industriales que quieren electrificarse, promociones inmobiliarias que necesitan suministro eléctrico, centros de datos imprescindibles para la nueva economía digital y nuevas instalaciones de generación renovable y almacenamiento.

El problema es tan grave que el gobierno, en el Real Decreto-ley 7/2026, hizo saltar por los aires el orden legal de prioridad de acceso a la red, creando las nuevas figuras de proyectos estratégicos, proyectos energéticos preferentes y proyectos con sello de excelencia social y territorial, que decidirá y seleccionará el Ejecutivo para dar prioridad en el acceso y conexión de la escasa capacidad aún disponible.

Ya advertimos en un artículo anterior el peligro de clientelismo político y distorsión de la competencia que introduce este nuevo mecanismo que se autoconcede el gobierno, modificando el orden preestablecido de acceso a la red, para decidir qué empresas prosperan y cuales deben cerrar o abandonar sus proyectos.

Pero hete aquí que esta semana se obró el milagro. Un análisis comparado de las publicaciones de junio y julio de Red Eléctrica permite comprobar que han aflorado del orden de 20.000 megavatios de capacidad de acceso para nueva demanda. Es casi la mitad de los 40.070 megavatios que alcanzó la punta peninsular de 2025. Todo ello sin instalar un solo kilómetro de línea.

No han aparecido electrones nuevos ni se ha ensanchado físicamente la red. Lo que ha cambiado es la forma de calcular cuánta demanda puede conectarse sin comprometer la seguridad del sistema. Y el resultado demuestra que parte de la escasez que durante años hemos presentado como inevitable era, en realidad, una escasez regulatoria. Apenas 1.040 megavatios proceden de 16 permisos que decayeron empujados por nuevas penalizaciones que se incluían en la nueva normativa; el grueso surge del recálculo.

El marco aprobado por la CNMC establece que la capacidad de cada nudo viene determinada por el más restrictivo de tres criterios: cortocircuito, comportamiento estático y comportamiento dinámico. Este último era el gran cuello de botella. El temor era que, ante un hueco de tensión, numerosos consumos conectados mediante electrónica de potencia —baterías, cargadores, grandes rectificadores o determinados procesos industriales— se desconectaran simultáneamente y provocaran un efecto dominó.

La Orden TED/82/2026 introdujo la palanca decisiva: la nueva demanda debe soportar esos huecos de tensión y recuperar su potencia sin abandonar la red a la primera perturbación. Si el consumo se comporta de forma más robusta, el riesgo de desconexión en cascada disminuye y el sistema puede admitir más capacidad. En 48 nudos del corredor cantábrico, el margen publicado para demanda alcanza 22.970 MW y el correspondiente al almacenamiento llega a 45.290 MW. No es magia. Es ingeniería aplicada con retraso.

Este cambio técnico va en la dirección correcta. El requisito no es una carga burocrática, sino la llave que abre la puerta. A quien pide conectarse se le exige que no agrave la fragilidad del sistema y, a cambio, se le permite aprovechar mejor una infraestructura ya pagada por los consumidores.

Pero, como casi siempre, cuando la técnica encuentra una solución aparece la política para administrarla. El Real Decreto-ley 7/2026 extendió el esquema de prioridad gubernamental a la capacidad que aflorase por cambios en las reglas de cálculo. También permitió habilitar periodos especiales para capacidades liberadas superiores a 5 MW y reservó las procedentes de determinadas renuncias para priorizar después los consumos considerados “de alta prioridad”.

El Real Decreto-ley 18/2026 derogó únicamente el artículo 13.6. Fue una rectificación parcial, no la devolución completa de la capacidad desde el acaparamiento gubernamental al criterio general: solo se ha derogado el artículo 13.6, que aplicaba la priorización a la nueva capacidad nacida de la liberada por quienes renuncien para no pagar la nueva prestación, pero persiste en todos los demás supuestos del artículo 13. En pocas semanas, la capacidad que no existía y exigía medidas extraordinarias en manos del gobierno ha aparecido en volumen importante pero la reserva gubernamental se corrigió solo en su consecuencia más anecdótica, 1.040 megavatios. Planificación energética en estado puro.

Lo más sorprendente es que tras el gran apagón de abril del pasado año el gobierno se apresuró a aprobar 65 medidas de actuación urgente en las redes de transporte (con 750 millones de euros de inversión), además de otras que está en trámite por un importe similar. En septiembre del pasado año también se anunció un nuevo Real Decreto para promover las inversiones en redes, que sigue sin aprobarse hoy, pero anuncia importantes incrementos de inversión por varios miles de millones de euros y flexibiliza los limites sobre PIB. Si las necesidades de red no son tantas como se decía, será un despilfarro que pagaran los consumidores.

¿Cómo está tomando el gobierno sus decisiones sobre la capacidad de nuestras redes? Si el Real Decreto-ley 7/2026 introdujo una serie de medidas para liberar capacidad de posible especulación para, con esa capacidad liberada, poder dedicar la nueva capacidad aflorada a los proyectos prioritarios que decidirá el gobierno y apenas tres meses después, aprueba un Real Decreto-ley 18/2026, que deroga esa previsión, puede dar la impresión de que el gobierno no sabe por dónde le da el aire. ¿Está perdido y sin norte, dando bandazos? ¿Con el sistema de prueba y error como norte de su actuación? Difícil de creer cuando es el gobierno quien controla con el 20% de acciones titularidad de la SEPI, la empresa operadora del sistema y transportista monopolística, Red Eléctrica. La que conoce perfectamente todas las necesidades y oportunidades de nuestras redes y es responsable de proponer su planificación y ejecutar su operación.

La prioridad política para dar o quitar capacidad puede resultar tentadora para un gobierno empeñado en dividir entre “los míos y los otros”, pero es una mala sustituta de reglas generales, transparentes y competitivas. España necesita atraer industria, almacenamiento, centros de datos, electrificación térmica y nuevos consumos. No necesita que cada proyecto deba obtener primero un certificado de simpatía gubernamental. La red debe asignar su capacidad mediante criterios técnicos y económicos objetivos, no desde una ventanilla en la que el poder decide quién es estratégico y quién debe esperar. Ahora que ha aflorado tanta capacidad, ¿qué sentido tiene aplicar previsiones pensadas para gestionar la escasez?

El siguiente paso debe ser el acceso flexible, todavía pendiente de la resolución definitiva de la CNMC. No todos los consumidores necesitan disponer de potencia firme durante las 8.760 horas del año. Baterías, electrolizadores y ciertos procesos industriales pueden aceptar limitaciones puntuales a cambio de conectarse antes y con menor coste. Esa flexibilidad permite utilizar mejor la red existente, aunque no sustituye las inversiones físicas imprescindibles ni corrige los retrasos acumulados en la planificación.

España lleva años diciendo a empresas e inversores que no pueden conectarse porque la red está llena, mientras modificaba tarde las reglas técnicas que permiten medirla correctamente. Ahora descubrimos capacidad equivalente a media punta nacional y el Gobierno intenta convertir una parte del hallazgo en una nueva herramienta de selección política.

La red no estaba vacía, pero tampoco estaba tan llena como nos contaban. Estaba mal calculada, insuficientemente planificada y excesivamente intervenida. Antes de transportar más electricidad, convendría que la política energética dejara de transportarnos a todos a ciegas.