La inflación, el impuesto de los pobres

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el jueves pasado el IPC definitivo de julio que escala hasta el 3,6% interanual, cuatro décimas más que en junio y una décima por encima de su propio avance del 30 de julio.

Llevamos cinco meses consecutivos por encima del 3% y la inflación subyacente sube al 3,0%. El IPCA —el índice armonizado con Europa— marca un 3,9%, un punto entero por encima del 2,9% de la zona euro. Casi el doble del objetivo del 2% que fija el BCE. 

A finales de agosto, Christine Lagarde acudirá al simposio de Jackson Hole —la cita anual que organiza la Reserva Federal de Kansas City y que reúne a los principales banqueros centrales del mundo— con este dato sobre la mesa. En un contexto en el que la propia FED mantiene los tipos altos y hay voces internas que piden subirlos, el margen del BCE para aliviar a las economías europeas es cada vez menor y empieza a preocupar el desacople de 1 punto entre el IPC español y el del resto del continente.

Los impuestos no son más que una transferencia de renta de los contribuyentes (es decir tú) al Estado. La inflación marca la evolución de los precios y si los precios suben, el Estado recauda más gracias a que, por ejemplo, el IVA impacta de forma proporcional en el coste de los bienes. Por tanto, a mayor precio, más recaudación, es decir, mayor transferencia de tus ahorros al Estado. Así de simple.

Unos ganan y otros pierden y con este gobierno los que nos estamos acostumbrando a perder siempre somos los ciudadanos.

Pero también es verdad que dentro de los paganinis no a todos nos afecta de la misma forma. Aquellos ciudadanos con menores ingresos, tienden a destinar mayor parte de sus recursos a la cesta de la compra, al transporte, a la gasolina o a la vivienda. Y es a ellos concretamente a los que la subida de la inflación les afecta mucho más que a los que tienen mayores ingresos.

En julio, la vivienda sube un 5,7%, transporte un 6,2%, productos energéticos un 10,1%. Los carburantes, un 11%.

Estas son las partidas que más pesan en los presupuestos de las rentas medias y bajas. Por eso Friedman llamaba a la inflación el impuesto más regresivo que existe ya que no pasa por el Parlamento y recae sobre quien menos margen de maniobra tiene.

El Gobierno celebra que España es la economía que más crece de la eurozona pero eso solo es una parte de la película porque desde 2018 (año en el que Pedro Sánchez llegó a Moncloa) el PIB real crece sistemáticamente por encima del PIB real per cápita. La brecha entre ambos, se ha convertido en una constante estructural. El PIB crece porque somos más, no porque ganemos más o seamos más productivos.

Así que sí, España crece pero los españoles, no.

Alguien podría objetar que los salarios nominales también suben. Y es verdad a medias: en 2025 crecieron un 3,1% de media según el INE. Restado el IPC del 2,8%, quedarían tres décimas de ganancia real. Casi nada, pero algo es algo.

El problema es que esas tres décimas desaparecen antes de llegar al bolsillo del ciudadano por un mecanismo que los economistas llaman progresividad en frío. Como el Gobierno se niega a deflactar los tramos del IRPF, cualquier subida salarial que simplemente compense la inflación puede empujar al contribuyente al tramo siguiente. El resultado, según el Consejo General de Economistas, es que un salario medio de 33.000 euros brutos paga entre 265 y 342 euros más al año en impuestos sin haber ganado un céntimo de poder adquisitivo real.

La inflación sube los precios, el IRPF sin deflactar sube lo que te retienen de la nómina y el trabajador queda atrapado entre ambos. Es un doble impuesto que no aparece en ningún gran titular pero que se nota cada mes en la menguante cuenta corriente.

Así que sí, los recursos del gobierno crecen pero los de los españoles no.

Y luego está la vivienda, el gran fracaso entre los fracasos del actual gobierno. Desde 2007, la renta disponible real de los hogares se ha multiplicado por dos. Los precios reales de la vivienda, según el Banco de España, por cuatro. Los alquileres han subido más de un 70%. El propio BdE estima que el 32,5% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos al alquiler o la hipoteca, y que esos hogares consumen un 15% menos que otros con ingresos similares pero menor carga de vivienda. Es decir, la vivienda no es ya un problema de acceso. Es una trampa que reduce el consumo, reduce el nivel de vida de los ciudadanos y extirpa cualquier ganancia salarial que la inflación y el IRPF no se hayan comido.

Pero volviendo a la inflación, el IPCA español al 3,9% frente al 2,9% de la zona euro significa que nuestras empresas pierden competitividad cada mes que pasa, que las exportaciones se encarecen y que la convergencia real con Europa se aleja.

El diferencial de inflación no es un problema técnico. Es un problema de modelo. Frente al modelo de Sánchez de crecimiento extensivo, basado en aumentar la población y empleo de baja productividad, el gasto público sin control alimentando la demanda sin generar oferta, y una fiscalidad que castiga al asalariado por la vía de no adaptar sus tramos a la realidad de los precios existe una alternativa.

La mejor política social no es la que se basa en transferencias del Estado a los ciudadanos, que previamente habían salido de los ciudadanos hacia el Estado. Porque no nos hagamos trampas, el dinero público no existe, es el dinero que los ciudadanos destinan de sus ingresos a sufragar el Estado y que luego reparte éste con más o menos acierto.

La mejor política social es una economía donde los precios sean estables, la productividad crezca, los salarios reales aumenten y el sistema fiscal no castigue a quien simplemente mantiene su poder adquisitivo. Mientras eso no ocurra, el IPC de cada mes seguirá siendo lo que siempre ha sido, el impuesto de los pobres.