Nacionalismo fiscal: cuando las comunidades ricas no pagan el déficit de sus pensiones

Esta semana me gustaría comentar las últimas reflexiones sobre nacionalismo fiscal y pensiones, muchas de ellas publicadas por Francisco de la Torre. De la Torre lleva décadas siendo uno de los mayores azotes de los regímenes forales que ahora se pretende extender a Cataluña y, si bien a veces ha pecado de brocha gorda al tratar los modelos vasco y navarro como si fueran iguales, en los últimos años ha publicado los mejores análisis cuantificados de lo que suponen. Y estas semanas ha profundizado en uno de los aspectos menos discutibles. 

El principio general del foralismo fiscal es sencillo. En lugar de que el Estado recaude y luego transfiera unos presupuestos para cubrir las competencias autonómicas, las comunidades forales recaudan y luego transfieren al Estado el coste de los servicios que éste proporciona a sus ciudadanos, y finalmente su parte del coste de las cosas que el Estado hace para toda la población, en proporción a la renta o a la población del territorio. Hasta aquí, suena bien. Incluso es solidario, en principio.

El problema empieza cuando el coste relativo de los servicios empieza a calcularse ignorando partidas o sustituyéndose por negociaciones condicionadas por el peso de los diputados de esas comunidades. Así es como la CAV ha llegado a estar masivamente sobrefinanciada, y Navarra a esquivar la aportación a varios fondos necesarios para la solidaridad interterritorial.

Y así llegamos a una partida que duele especialmente: el déficit de las pensiones. Todas las pensiones contributivas son deficitarias por diseño: Franco ya las diseñó así, y sólo se sostienen cuando crece la población. Los trabajadores no pagamos lo suficiente para recibir lo que (hipotéticamente) cobraremos, y eso es un dato que cualquier actuario firmaría. La diferencia se cubre con impuestos. Y en el caso de las no contributivas (viudedad, mínima, invalidez, otras), que son muchas, van directas a impuestos por mucho que se maquille.

El problema es que la ciudadanía de las regiones forales cobra pensiones, pero sus gobiernos no transfieren al Estado el coste del déficit correspondiente. Y hablamos de cantidades masivas, más de 5.000 millones año sólo en el caso de la CAV.

Esto se agrava porque ambas regiones tienen pensiones altas derivadas del peso de la industria en sus economías (la industria tiene mayor productividad por hora trabajada, y por tanto mayores sueldos… y por tanto mayores pensiones).

El resultado neto es (usando brocha gorda, que se queda corta) que cada ciudadano madrileño aporta cerca de 1200 euros al año a la caja común, y uno vasco cero. Sin razones económicas para ello.

Independientemente de que el sistema de pensiones tiene que ser replanteado para dejar de hacernos trampas al solitario, lo que está claro es que su financiación en el caso foral no son trampas, es una estafa consentida durante años, que cada vez se agrava más, y que no es aceptable que se extienda a Cataluña. Otra comunidad con salarios, y pensiones, por encima de la media.

Este subsidio a comunidades ricas viene siendo la factura por el apoyo del nacionalismo vasco, y por eso su Cupo es un ejercicio dialéctico (o mágico) por el que consiguen que el Estado casi acabe pagando a una comunidad que debería aportar muchísimo más. Ese dinero es la magia con la que los partidos nacionalistas compraron durante años la (relativa, y sólo para los suyos) paz social e hicieron creer a la ciudadanía que sabían administrar mejor que nadie.

El problema no es el concepto foral, son las trampas consentidas. Es hora de que esos subsidios terminen, no de que se extiendan. El riesgo es que la debilidad de los que aspiran a gobernar en Madrid, o a lograr una moción de censura, se acabe pagando con otra prórroga.