Política energética, parches y Almaraz

El día del eclipse, aprovechando la oscuridad y el apagón vacacional, el BOE publicó a “la chita callando” algo de lo que parece avergonzarse el gobierno, vista su sigilosa forma de proceder: la Orden Ministerial que aprobaba la esperada prórroga de Almaraz.

El Gobierno ha hecho bien prorrogando la operación de la central nuclear Almaraz. Conviene empezar por ahí, porque la política energética debería analizarse con menos apriorismo de trinchera ideológica y más escucha y participación de los expertos en un sector tecnológicamente cada vez más complejo.

Los argumentos que negaba el gobierno y ahora hace suyos

Ya hemos escrito, en varias ocasiones, sobre las razones técnicas y económicas que justifican la prórroga del parque nuclear español, no sólo el de Almaraz. Así, la decisión final de mantener sus dos reactores hasta junio de 2030 reduce la exposición al gas, contiene costes, evita emisiones y conserva generación firme y síncrona en un sistema que, después del apagón, paga cada vez más por mantenerse estable.

Todos estos argumentos eran caricaturizados por Sánchez, Ribera y Aagesen hasta hace pocos días acusándolos de argumentos al servicio de los “señores del puro”, de las grandes eléctricas y del “lobby nuclear”. Ahora forman parte de la exposición de motivos de la Orden Ministerial con la que el gobierno aprueba la prórroga.

Como siempre, rectifican poco, tarde y mal

El problema no es rectificar. El problema es rectificar poco, tarde y mal, después de haber gastado dinero de todos tomando decisiones apoyadas en el escenario contrario. Un escenario que la gran mayoría de expertos consideraba un “suicidio económico” para nuestro país. Y que así lo deben seguir considerando, porque no hay que olvidar que la prórroga es de apenas dos años y afecta de momento sólo a Almaraz, dos del total de los siete reactores que según el gobierno deben cerrar hasta 2035. Lo dicho, poco, muy poco.

Pero además de poco, tarde y mal. Las propietarias solicitaron la prórroga el 30 de octubre de 2025. Cuatro meses después, con el expediente ya abierto, Enresa adjudicó por 27,5 millones de euros un contrato de ingeniería para preparar el desmantelamiento de Almaraz durante cinco años. No todo ese trabajo se perderá, porque la central tendrá que desmontarse algún día, pero su calendario y parte de sus entregables tendrán necesariamente que revisarse. Es una forma bastante cara de planificar mientras se cambia de plan.

Las MAP aprobadas mirando al cierre

Algo parecido sucede con las redes. Tras el apagón, el Gobierno ha aprobado sucesivas modificaciones de la planificación para instalar compensadores síncronos, e-STATCOM, reactancias y otros equipos destinados a controlar tensión y amortiguar oscilaciones.

El Consejo de Ministros aprobó 65 actuaciones urgentes para la red eléctrica al amparo del Real Decreto-ley 7/2025 de 24 de junio, de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Pese a no ser convalidado por el Congreso, el gobierno se dio prisa para aprobar las actuaciones por importe de 750 millones de euros, antes de que el Congreso lo hiciera decaer, quedando así consolidadas como Modificaciones de Aspectos Puntuales (MAP) de la planificación de la red de transporte eléctrico. 

La última MAP, aprobada el pasado 28 de julio, moviliza otros 615 millones y promete ahorrar unos 450 millones anuales reduciendo el acoplamiento forzoso de ciclos combinados. En total, 1.365 millones de euros para reforzar la estabilidad y resiliencia de las redes tras el apagón, en un escenario de cierre nuclear que ahora no se confirma parcialmente.

¿Sobran ahora esos 1.365 millones porque sigue Almaraz? Sería técnicamente simplista afirmarlo. Los equipos de red resuelven problemas locales y dinámicos que dos reactores en Extremadura por si solos no pueden sustituir. De hecho, la propia Orden de prórroga pone la venda antes de la herida y señala que mantener la central no elimina la necesidad de continuar las actuaciones ya iniciadas para reforzar seguridad y estabilidad.

Revisar la evaluación de inversiones y plazos en transporte eléctrico

Pero el problema es que se queda en mera afirmación, sin acompañarla de evaluación y documentación que técnica y económicamente lo acredite. La lógica apunta en sentido contrario. El Consejo de Seguridad Nuclear había informado favorablemente la prórroga el 16 de julio y, doce días después, el Gobierno aprobó esa inversión extraordinaria en equipos adicionales en red sin explicar públicamente cuánto cambiaba su necesidad, dimensión o rentabilidad con Almaraz operando hasta junio de 2030. 

La nuclear aporta inercia, potencia de cortocircuito, regulación de tensión y estabilidad síncrona; exactamente servicios que, cuando faltan, terminamos comprando mediante ciclos o equipos de electrónica en la infraestructura. Sin olvidar que también la nueva potencia renovable puede brindarlos, con los equipos y regulación adecuada. Con la prórroga de Almaraz se gana tiempo también para esto último. Quizá no se pueda ahorrar una reactancia concreta, pero sí deberían recalcularse restricciones, necesidades marginales y costes.

Reducir el coste y alcance de tasas y del mercado de capacidad

Hay más facturas colaterales. Bruselas acaba de autorizar para España un mercado de capacidad de hasta 9.000 millones de euros. Si permanecen disponibles más de 2.000 MW firmes que el escenario de cierre daba por perdidos, habrá que recalcular qué potencia necesitamos contratar, cuándo y cuánto debe pagar el consumidor. Si no, podríamos terminar pagando por nueva capacidad de respaldo mientras mantenemos una capacidad existente que ya proporciona esa seguridad de suministro.

También deberá revisarse la tasa que financia a Enresa, hoy en 10,36 euros por MWh nuclear. Si Almaraz produce durante más tiempo y el propio Gobierno sostiene en su Orden Ministerial de prórroga que la extensión no genera costes adicionales relevantes de residuos, la misma financiación puede repartirse entre más megavatios hora. Algunas estimaciones sitúan la posible reducción cerca del 10%. Cobrar lo mismo sin recalcularla sería otra curiosa forma de agradecer al consumidor la prórroga.

Un calendario imposible para cumplir el PNIEC

Y queda el parche de 2030. La prórroga no obliga teóricamente a cambiar la foto de potencia nuclear que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) dibuja para el 31 de diciembre de 2030, -porque teóricamente habrían cerrado los cuatro reactores previstos para esa fecha-, pero sí invalida parcialmente la película con la que se llegó hasta esa foto, por dos buenas razones.

La primera, porque Almaraz I y II cerrarán ahora en junio de ese año; Ascó I, en octubre; Cofrentes, en noviembre. Cuatro de los siete reactores españoles concentrarían su salida en apenas seis meses. El gobierno ha convertido su calendario de cierre escalonado en un acantilado energético de muy difícil digestión para el sistema a la vuelta de muy pocos años. No hace falta una bola de cristal para imaginar el próximo debate urgente, para no volver a las decisiones “parche in extremis”.

La segunda, porque entre 2027 y junio de 2030 habrá más nuclear, menos gas, algo menos de generación renovable, menos emisiones y mayor potencia síncrona disponible de lo que se utilizó para diseñar el escenario objetivo del PNIEC vigente. Si cambia una hipótesis estructural del escenario, lo lógico sería reevaluar coherentemente para el periodo de 2027 hasta finales del 2030 todas las decisiones que se adoptaron suponiendo que esa hipótesis seguía vigente, especialmente mercado de capacidad, restricciones técnicas, inversiones de estabilidad de red y planificación del almacenamiento.

Sobran parches y falta política energética

Desde 2020 la política energética española parece escrita por fascículos: un Real Decreto-ley para el precio, otro para corregir el anterior, prórrogas fiscales, mecanismos temporales, operación reforzada después del apagón, modificaciones urgentes de redes y ahora una prórroga nuclear que debería obligar a revisar decisiones adoptadas suponiendo exactamente lo contrario.

España necesita más renovables, almacenamiento, redes, flexibilidad y también aprovechar con racionalidad las centrales firmes y sin emisiones carbono como las nucleares, mientras sean seguras y económicamente útiles. La energía barata no es la que presenta el menor coste aislado en una hoja de cálculo, sino la que llega al consumidor cuando la necesita sumando generación, red, respaldo, estabilidad y seguridad. La competitividad se construye minimizando el coste total de un sistema que debe funcionar 8.760 horas al año.

Almaraz debe seguir. El resto de las nucleares, también. Los argumentos que el gobierno emplea para justificar lo primero son los mismos que justifican lo segundo. Lo que debería cerrarse definitivamente es la política energética de los parches y las rectificaciones que siempre llegan poco, tarde y mal.