Coste de frontera

Esta semana se ha puesto encima de la mesa la pregunta de cuál sería el coste aceptable, en vidas humanas, de defender la frontera de Ceuta por las armas. La pregunta no sólo es capciosa, sino que ignora el otro lado de la cuestión: cual es el coste que aceptamos, en vidas humanas, por no defenderla. Nadie muere por intentar atravesar una frontera que se sabe impermeable, porque no lo hacen. Pero decenas lo han hecho estas semanas (y otras han sido víctimas de violencia, violaciones o enfermedad) por intentar cruzar una que no se defiende de verdad.

Dejando aparte los sofismas gubernamentales, la inseguridad tiene otros costes. Algunos los estamos viendo hasta en el telediario, con el repetido compromiso de 25 millones de euros para "atender" a los intrusos, pero también con los costes asociados a una presencia policial extraordinaria (parece que más para protegerlos que para mantener el orden, pero también), un refuerzo judicial necesario, un apoyo médico pedido desesperadamente por unos profesionales que se enfrentan no sólo a mayor demanda y enferrmedades casi erradicadas aquí, sino a una forma de exigir atención que no entiende de meses de espera. O el coste de trasladar a la península a los intrusos que, mientras estaban en Ceuta, no tenían derecho legal a circular por Europa, como recordaba el ministro. O el coste de poner a menores (más o menos verificados) en manos de entidades no gubernamentales pagadas para acogerlos indefinidamente.

Todo eso son costes económicos, directos y medibles, de permitir que la frontera del Espigón no sea real. Y no estoy hablando del coste de asegurarlo, porque no lo han hecho: poner una barrera de plástico que ha durado un telediario entra en la categoría de los costes de la publicidad institucional para simular que se está arreglando el problema, como la decena de vuelos separados de distintos ministros para no hacer nada. Eso sí, para ahorrar dinero no han permitido ir al Rey, porque transmitir una solidaridad que no sea de partido se ve que no es interesante. 

Pero no son ni la mitad de los costes del conflicto en el que la llegada de entre 50 y 70.000 personas ha sumido a un territorio con una población legítima de no mucho más de 85.000. Porque "conflicto", aunque de momento sea de relativa baja intensidad, es como se puede llamar a lo que causa esa llegada.

Este coste indirecto tiene dos caras: el del desorden y violencia, y el de la ruptura del orden legal. Cuando un Estado tolera abierta y sostenidamente que se violente la legalidad en su territorio, tomando sólo medidas paliativas para corregir las consecuencias pero no haciendo exigir el cumplimiento de la ley cuando no le parece oportuno, tenemos consecuencias tan graves como las que tiene que la población no puede desarrollar con normalidad sus actividades laborales, educativas o de ocio por miedo a la violencia: una situación hoy extremadamente real, especialmente para la mitad femenina de la población.

El Instituto por la Paz y la Economía (IEP) tiene un Modelo del Impacto Económico de la Violencia que contempla costes directos, indirectos y multiplicadores. Los primeros abarcan muertos y heridos (ahogados, asesinados, violadas, o víctimas de balas de goma), destrucción de la propiedad (por intrusos o medidas arbitrarias del gobierno), tratamientos médicos (extraordinarios), operaciones de la justicia criminal (jueces, policía), operaciones militares (el despliegue que puso paz, ya que no orden, tras la primera entrada masiva). 

Los costes indirectos incluyen reducción de la productividad (por absentismo, daños), menor inversión (aumenta el riesgo), menor turismo (salvo el político, que es poco), menor participación en la fuerza laboral (en este caso por mujeres que no se atreven a hacer vida normal) y pérdidas de capital humano (gente que ha salido corriendo y no va a volver a un territorio inseguro). Los multiplicadores son el coste de oportunidad de los recursos dedicados a fines de control del conflicto (sólo los repetidos "25 millones" son ya casi una octava parte del presupuesto anual total de la ciudada autónoma de Ceuta, que habría florecido con la mitad de la inversión que va a recibir la oleada de intrusos).

El Banco Mundial tiene su propia metodología para calcular el coste de la inseguridad, que además contempla la degradación de la calidad institucional, entre otras cosas.

Hay otros modelos que aplican, como los derivados de Gary Becker para calcular la "economía del crimen". Porque la rotura sostenida (y permitida) de la legalidad es crimen, aunque algunos se empeñen en presentarlo como una crisis humanitaria de generación espontánea. Estos modelos se fijan no sólo en los costes que ya hemos visto, identificando los costes para las víctimas y los costes de prevención, y detallando mejor algunos de los indirectos. El coste del miedo es real, es un inhibidor de todas las actividades. Y la inhibición del comercio es el primero de los costes económicos indirectos: el cierre de tiendas por miedo al saqueo o al atraco, el cese del abastecimiento normal, la degradación de la habitabilidad que conlleva la pérdida de ese comercio a nivel local.

Hay otros, y no son nuevos. La pérdida de seguridad jurídica que supone hacer cumplir las leyes selectivamente, e imponer unas obligaciones de orden público asimétricas (castigando a unos por lo que se permite a otros) tiene unos costes enormes a medio plazo porque destruye las instituciones en las que se basa la convivencia, no sólo la actividad económica.

Por eso, cuando hablamos de los costes de hacer cumplir o no la ley en la frontera, no hablamos sólo de posibles víctimas mortales de una intervención para impedir el paso. Tenemos que hablar de las víctimas de no hacerlo. Y tenemos que hablar de los costes que tiene, para Ceuta y para todos, la irresponsabilidad de no hacer cumplir la ley en este caso.