Cuando nadie quiere contratar con la Administración

24.047. Es una cifra que merece detenerse unos segundos. Son los lotes de contratación pública que quedaron desiertos en España durante 2025, según el último Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Representan el 7,78 % de los 309.023 lotes cuya licitación se inició ese año y se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Más de veinticuatro mil lotes sin adjudicar. Más de veinticuatro mil ocasiones en las que una Administración necesitaba contratar una obra, adquirir un suministro o poner en marcha un servicio y el procedimiento no llegó a buen término. No me parece una cifra menor. Y, desde luego, creo que sería un error reducirla a un problema puramente administrativo.

Durante años se ha dado por hecho que contratar con una Administración era una buena oportunidad para cualquier empresa. Un cliente solvente, contratos estables y unas condiciones conocidas de antemano. Pero esa percepción está cambiando. Cada vez vemos más procedimientos en los que concurren pocas empresas y más licitaciones que deben repetirse porque el precio, las condiciones o los riesgos previstos no encajan con la realidad del mercado. La explicación, en muchos casos, es bastante sencilla: la economía va mucho más deprisa que la Administración.

Una empresa prepara una oferta teniendo en cuenta salarios, combustible, energía, materiales, seguros, financiación y todos los costes asociados a la prestación de un servicio. Después puede firmar un contrato que se prolongue durante años. Y en ese tiempo cambian muchas cosas: suben los salarios establecidos en convenio, aumenta el salario mínimo, se encarece la energía, varía el precio de los suministros y aparecen nuevas obligaciones.

Todo eso acaba teniendo un coste. No podemos elevar las exigencias que soportan las empresas y, al mismo tiempo, pretender que sigan trabajando con precios calculados en un contexto completamente distinto.

Por supuesto que la Administración debe exigir el cumplimiento estricto de la ley. Quien trabaja para ella debe pagar correctamente a sus trabajadores, respetar los convenios colectivos, cumplir con Hacienda, con la Seguridad Social y con sus proveedores. Pero también debemos asumir algo bastante elemental: si los costes suben, prestar el servicio también cuesta más.

Y aquí hay una idea que conviene decir con normalidad. Una empresa tiene que ganar dinero. No porque la Administración deba favorecer a nadie, sino porque una empresa que no obtiene un margen razonable no invierte, no crea empleo, no renueva equipos y, sencillamente, termina dejando de presentarse a determinados contratos.

Eso es precisamente lo que no nos interesa. Una Administración necesita empresas solventes y necesita competencia. Cuantas más empresas quieran concurrir a una licitación, más posibilidades tendremos de comparar ofertas, exigir calidad y obtener mejores condiciones. Por eso creo que uno de los errores que debemos evitar es confundir contratar barato con gestionar bien.

A veces se diseña un presupuesto muy ajustado y se interpreta como una muestra de buena gestión. Pero si después nadie se presenta, habrá que volver a iniciar el procedimiento, revisar los costes, preparar nuevos pliegos y retrasar la puesta en marcha del servicio. Y eso también tiene un coste. No solo económico, sino también de tiempo y de funcionamiento de la propia Administración.

Quien ha trabajado en una Administración local sabe perfectamente lo que significa tener que repetir un expediente. Detrás hay horas de técnicos, servicios jurídicos, intervención, contratación y empleados públicos que vuelven a poner en marcha un procedimiento que ya debería estar resuelto.

Y mientras tanto, el servicio sigue esperando. Quienes gestionamos desde un ayuntamiento sabemos, además, que detrás de cada contrato hay algo muy concreto: un servicio que los vecinos esperan y que alguien tiene que prestar. Por eso creo que una licitación desierta debe interpretarse también como una señal económica.

La propia OIReScon ha advertido de que la concurrencia sigue siendo limitada. Su análisis sobre 2024 sitúa la media en 3,29 licitadores por lote o contrato y pone de manifiesto, además, que la participación de las pymes es especialmente reducida en los contratos de mayor importe.

Y este dato, a mi juicio, debería hacernos reflexionar. Una gran empresa puede tener más capacidad financiera para absorber una desviación temporal de costes. Una pequeña o mediana empresa, muchas veces, no puede permitírselo. Y si acabamos diseñando contratos excesivamente complejos, con márgenes mínimos, demasiados riesgos para el adjudicatario y escaso margen de adaptación, corremos el riesgo de expulsar precisamente a muchas pymes de la contratación pública.

Eso significaría menos competencia, más concentración y, a medio plazo, peores condiciones para la propia Administración. No se trata de aceptar cualquier reclamación empresarial ni de convertir los contratos públicos en un cheque en blanco. Estamos gestionando dinero de todos y los controles tienen que ser rigurosos.

Pero rigor no significa inmovilismo. Necesitamos mejores estudios de costes, presupuestos de licitación más ajustados al mercado y contratos que tengan en cuenta, desde el principio, la realidad económica en la que van a desarrollarse. Y necesitamos también simplificar.

La contratación pública debe garantizar transparencia, igualdad, publicidad y concurrencia. Son principios esenciales. Pero protegerlos no debería significar construir procedimientos tan rígidos que terminen dificultando aquello que queremos conseguir. Desde el ámbito municipal esta realidad se ve con mucha claridad. Cuando un contrato queda desierto, no queda parado únicamente un expediente.

Puede retrasarse el mantenimiento de una instalación, la limpieza de un espacio público, una actividad cultural, un servicio deportivo o una prestación que están esperando los vecinos. Y el vecino no pregunta qué artículo de la Ley de Contratos explica el retraso. Pregunta por qué el servicio no funciona. Esa es la realidad que no debemos perder de vista.

La Administración tiene que ser exigente con quien trabaja para ella, pero también tiene que comportarse como un cliente serio: pagar a tiempo, calcular correctamente sus contratos, reducir cargas innecesarias y entender que la colaboración con la empresa privada forma parte del funcionamiento normal de los servicios públicos. No creo que esto deba plantearse en términos ideológicos. Al final, se trata de que los servicios funcionen y de que el dinero público se gestione bien.

Miles de servicios funcionan cada día porque detrás hay empresas y trabajadores que los hacen posibles. Por eso, cuando una empresa decide no presentarse a un concurso, puede tratarse de una decisión puntual. Pero cuando 24.047 lotes de contratación pública quedan desiertos en un solo año, creo que ya no podemos hablar de casos aislados.

Y quizá convenga empezar a preguntarnos no solo por qué algunas empresas no quieren contratar con la Administración, sino también qué podemos hacer mejor desde la propia Administración para que quieran hacerlo.