tampoco el gobierno ha hecho nada frente a crisis eléctricas
Bruselas regaña y expedienta a España por no actualizar su plan de respuesta ante apagones
España tenía hasta enero para actualizar un plan que debe contemplar crisis por fenómenos extremos, ciberataques o falta de combustible.
Una mujer ilumina con la linterna del móvil un plano de la red de Metro de Madrid en una estación, el 28 de abril de 2025 en Madrid, España. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 28/4/2025
La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España por no haber notificado su plan actualizado de preparación ante riesgos en el sector eléctrico, una herramienta destinada a prevenir interrupciones del suministro y mitigar sus efectos en caso de apagones o crisis eléctricas.
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha enviado una carta de emplazamiento a España y Francia, mientras que ha remitido una carta adicional a Bélgica, para reclamarles que cumplan "sin demora" con las obligaciones que establece la normativa europea sobre preparación ante riesgos en el sector eléctrico.
Según ha explicado en un comunicado, estos planes deben recoger todas las medidas previstas o adoptadas por cada país para prevenir y afrontar posibles crisis eléctricas y reducir sus consecuencias.
Entre los escenarios que pueden desencadenarlas, la Comisión cita fenómenos meteorológicos extremos, ataques maliciosos o escasez de combustible.
Además, Bruselas ha advertido de que este tipo de crisis puede tener efectos transfronterizos, ya que incidentes a gran escala como olas de frío, olas de calor o ciberataques pueden afectar simultáneamente a varios Estados miembro.
Los planes que deben presentar los países se elaboran sobre la base de escenarios de crisis nacionales y regionales y buscan garantizar que, en caso de emergencia, la electricidad pueda dirigirse hacia los lugares donde sea más necesaria.
De hecho, la normativa europea obliga a los Estados miembro a adoptar y publicar una actualización de estos planes cada cuatro años. España, Francia y Bélgica debían haber notificado sus últimos planes actualizados antes del 5 de enero de 2026, pero, según la Comisión, todavía no lo han hecho.
Los tres países disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión y subsanar la situación. Si Bruselas considera que la respuesta no es satisfactoria, podrá avanzar en el procedimiento de infracción mediante el envío de un dictamen motivado.
