El Sindicato de Inquilinas amenaza con otro 'rodea el Congreso' mientras Sánchez echa cuentas: otra vez en manos de Junts

De la Puerta del Sol a las puertas del Congreso. El Sindicato de Inquilinas ha anunciado durante las últimas horas del jueves que trasladará este viernes su movilización hasta las inmediaciones de la Cámara Baja mientras los diputados deciden el futuro de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha anunciado durante la cacerolada celebrada este jueves frente al Ayuntamiento de Madrid que los manifestantes saldrán a las 10.00 horas desde Sol, donde permanece instalada la acampada desde el pasado sábado, para dirigirse al Congreso. Allí pretenden permanecer "pendientes de la votación", que comenzará a partir de las 11.00 horas. Tal y como hemos contado en ESdiario, Interior ya preveía esta posibilidad y ha preparado un dispositivo de seguridad en su perímetro exterior y en las calles aledañas.

"Estaremos en el Congreso mientras se está votando esta medida de mínimos para que no haya ninguna Maricarmen más", ha dicho Del Río, momento que ha aprovechado para lanzar más amenazas. Ha advertido advertido de que "la chispa que se ha prendido" continuará "pase lo que pase" y ha dejado el futuro de la acampada sujeto a lo que ocurra en el hemiciclo. El sindicato también ha convocado manifestaciones para el sábado y habla ya de organizar una "huelga general".

La imagen que puede dejar este viernes el centro de Madrid evoca inevitablemente, aunque con circunstancias y objetivos diferentes, aquel "Rodea el Congreso" del 25 de septiembre de 2012. Entonces, miles de manifestantes acudieron a los alrededores de la Cámara mientras se celebraba el Pleno para protestar contra los recortes y la situación política y económica en plena crisis financiera. La Coordinadora 25S y la plataforma ¡En Pie! reclamaban la dimisión del Gobierno de Mariano Rajoy y la apertura de un proceso constituyente. La protesta acabó con incidentes, cargas policiales, 35 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos agentes, según el balance ofrecido por la Delegación del Gobierno.

Sánchez sigue sin tener asegurados los votos para el 'decreto principal'

El Gobierno llega a la votación después de una semana convulsa abierta por el caso de Maricarmen y las protestas posteriores. PSOE y Sumar terminaron alcanzando un acuerdo in extremis para dividir las medidas en dos reales decretos, precisamente para aumentar las posibilidades de salvar al menos una parte del paquete. El primero concentra el grueso de las medidas, entre ellas la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables, mientras que el segundo aborda la estabilidad y renovación de los contratos de alquiler. Ambos se votarán por separado y necesitan más votos a favor que en contra para sobrevivir.

Y es ahí donde comienzan los problemas para Sánchez. El PP votará en contra de los dos decretos. Los populares no han cedido ante la presión que el Sindicato de Inquilinas ha dirigido también contra Génova y consideran que las medidas planteadas por el Ejecutivo aumentan la inseguridad jurídica y no solucionan el problema de la vivienda. Alberto Núñez Feijóo ya había resumido su posición en el Congreso asegurando que no apoyaría a un Gobierno al que calificó de "tramposo".

Vox tampoco piensa rescatar al Ejecutivo. Los de Santiago Abascal han confirmado su rechazo a ambos textos, por lo que sus 33 diputados se sumarán a los 137 del PP en el bloque del "no". La formación sostiene que las intervenciones sobre el alquiler reducirán la oferta de vivienda y agravarán el problema que pretenden solucionar. Moncloa

La situación es radicalmente distinta con Podemos, que ha terminado inclinándose por apoyar los dos decretos después de reunirse precisamente con el Sindicato de Inquilinas. Ione Belarra había criticado duramente la decisión de Sánchez de trocear las medidas y llegó a definirla como una "trampa", pero finalmente los cuatro diputados morados votarán afirmativamente atendiendo a la posición del colectivo. La presión de la calle ha terminado así sirviendo también para cerrar uno de los votos que el Gobierno tenía pendientes.

EH Bildu tampoco pondrá obstáculos. Sus seis diputados apoyarán los dos textos pese a considerar insuficientes las medidas. La formación abertzale se suma así al bloque favorable junto a PSOE, Sumar, Podemos, ERC y BNG.

El PNV se descuelga de uno y todas las miradas apuntan a Junts

El PNV, sin embargo, ha decidido partir su voto igual que Sánchez decidió partir su paquete de vivienda. Los nacionalistas vascos han anunciado un "sí crítico" al primer decreto, pero votarán en contra del segundo, que incluye la renovación automática de los contratos. Consideran el primero un "parche puntual con muchas carencias", aunque valoran que proteja a personas vulnerables y a pequeños propietarios; sobre el segundo, sostienen que perjudica precisamente a estos últimos.

La decisión ha provocado que el Sindicato de Inquilinas dirija parte de sus advertencias directamente hacia los nacionalistas vascos. "¿Qué está pensando la sociedad vasca? ¿Qué está pensando la sociedad catalana?", ha preguntado Del Río, que ha instado a los partidos que contemplan el rechazo a que "se lo piensen mucho". Su argumento es que quienes voten en contra estarán dando "alas a la extrema derecha".

Y queda Junts, convertido nuevamente en árbitro de una votación crucial para Sánchez. De nuevo Sánchez en manos de los independentistas catalanes. La formación de Carles Puigdemont ha convocado para las 21.00 horas de este jueves una reunión telemática de su dirección para decidir qué hacen sus siete diputados. Miriam Nogueras ha llegado a la cita después de asegurar que Junts está "decepcionado y preocupado" con los decretos porque considera que no cumplen sus dos principales objetivos: proteger a las familias y frenar a los fondos buitre.

La aritmética explica los nervios. En el primer decreto, una abstención de Junts podría ser suficiente para que el Gobierno lograra la convalidación, pero el no todavía es una posibilidad. El segundo presenta un escenario más complicado por la incorporación del PNV al bloque contrario a la renovación automática. Misma postura de Coalición Canaria, complicando así aún más su aprobación.

Sánchez llegará así al viernes con una escena que seguro esperaban cuando el Consejo de Ministros aprobó las medidas: dos decretos diseñados precisamente para facilitar su convalidación, una mayoría diferente para cada uno, Junts decidiendo hasta prácticamente el último momento. La votación dirá si el Gobierno consigue salvar su operación o si, pese a haber partido el paquete en dos, una parte termina cayéndose en el hemiciclo... o las dos. Y de nuevo, la culpa a la extrema derecha.