| 16 de Septiembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Senado
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Senado

La "locura" con el empleo público ha creado ya 400.000 puestos en plena crisis

Mientras la economía real se desploma, el Gobierno se ha lanzado a engordar las plantillas públicas y a mejorar sus retribuciones, con la sospecha de que busca el "voto cautivo".

| Yolanda Lorenzo Economía

En España sigue habiendo casi 400.000 personas en ERTE; los bancos se preparan para soportar la morosidad de cientos de pequeños empresarios hundidos por la crisis y el paro global, especialmente el juvenil y el femenino, siguen a la cabeza de toda Europa. Y todo ello con una deuda pública que alcanza el 125% y la sensación de que el empobrecimiento, cuando no la ruina, ha llegado para quedarse durante largo tiempo en la economía real.

Ésa que conforman autónomos, pymes, pequeño comerciantes y trabajadores por cuenta ajena. Pero en la otra España, la ligada a la Administración Pública, todo son buenas noticias: en plena pandemia, con tantos servicios cerrados o "teletrabajando", se aplicó la subida salarial pactada, de hasta el 2.9%.

Y ahora, por decisión del Gobierno, se impulsará la "mayor oferta de empleo público de la historia", con 30.000 nuevas plazas, de las cuales casi 10.000 serán para "consolidar" puestos ya creados. Algo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido justificar asegurando que con ello "se revierten recortes del PP".

 

El contraste es abrumador: la iniciativa privada solo escucha próximas subidas fiscales, con el Impuesto de Sociedades en el punto de mira, y un horizonte lastrado por la dificultad para acceder al crédito o para competir en un mundo comercialmente globalizado en el que el tamaño importa. Y el de las empresas españolas es pequeño: poca plantilla y, sin embargo, crucial para aportar más de 70% del empleo y de los ingresos fiscales del país.

En ese contexto, el Consejo de Ministros aumenta el coste laboral del Estado, aunque esa línea política no es privativa del Gobierno Central: en la última década, mientras casi todo el mundo sufría dos crisis consecutivas, la Administración Pública ha creado 403.000 plazas. Y algo más del 80% de ellas proceden de las Comunidades Autónomas.

Mientras la economía real ha perdido 2 millones de empleos, la Administración ha crecido en 400.000 puestos

Eso provoca que en España haya un número parecido de empleados públicos y de autónomos, con más de tres millones en cada gremio. Ahí terminan las similitudes. Para los segundos, todo son disgustos: se quieren cambiar los procedimientos de tributación para elevar los ingresos públicos y pagan como pocos el sobreprecio del combustible, la luz, el gas, las telecomunicaciones y en general los impuestos indirectos.

Para los primeros, las noticias son mejores: el teletrabajo ha llegado para quedarse, con una ley que les permite elegir cómo y dónde trabajan cada semana al objeto de poder combinar ambas modalidades según su propia decisión. Otro dato confirma el antagonismo: en ese periodo de vacas gordas para la Administración, las vacas flacas en el ámbito privado se llevaron por delante, desde 2014, dos millones de empleos que no se han recuperado.

¿Objetivo político?

Pese a todo, nadie en el mundillo políticamente se atreve a criticarlo públicamente. Al contrario, se establece casi una competición entre partidos para ver quién se cuelga la medalla de oro de haber creado esas plantillas: si es un mérito, algo dudoso, lo es más de los presidentes autonómicos que de Pedro Sánchez, aunque él intente anotárselo.

Pero en privado, sí se asume el contraste entre ambos mundos. Solo Ciudadanos en su momento y VOX aún hoy, pero sin estar en su agenda de máximas prioridades, se atreven a discutir dónde va el gasto público en España y en qué lastra a la competitiva del país esa política de maquillar el paro con empleo público y, de paso, intentar lograr el llamado "voto cautivo".

España no es competitiva

Pero fuera sí se dan cuenta. La visión que tienen en el exterior de España cada día es más negativa, hasta el punto de situarnos en el puesto 39 de 64 en el 'Ranking de Competitividad Mundial'. Se trata de la peor posición para España desde 2014 como consecuencia principalmente a la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

 La pérdida de competitividad de España contrasta con la evolución positiva de la gran mayoría de economías de Europa, que mejoran su posición respecto a la última edición, sin embargo, España cae tres puestos sin que este Gobierno actué para evitarlo.

 

Según los responsables del estudio, esta caída en la lista se debe a la falta de recursos para hacer frente a la pandemia de coronavirus y al desarrollo de "políticas erróneas en el apoyo a los sectores más afectados por la crisis" como el turismo, esencial en nuestro país y tan poco cuidado por parte de Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus.

Además, añaden que los principales desafíos que tiene que solucionar la economía española están relacionados con preservar y fortalecer el sector empresarial; mejorar el clima empresarial para reactivar la inversión; impulsar la digitalización y la investigación científica, y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, repensado políticas de empleo en el marco del diálogo social. Pero no solo en el ámbito público.