La Justicia debe frenar el enésimo abuso del Gobierno, que se paga su supervivencia pasando la factura a los ya dañados intereses nacionales.
Con una lamentable escena que lo dice todo, el primer presidente de Cataluña de ERC en 80 años, Pere Aragonés, tomó posesión como presidente en presencia de Oriol Junqueras y del Mayor Trapero, dos de los nombres más relevantes del llamado “procés” y de su clímax, el referéndum ilegal del 1-O.
Esa inusual imagen resume las intenciones de la Generalitat y la respuesta del Gobierno de España: la primera mantiene su objetivo (independencia, referéndum y amnistía). El segundo replica al desafío aceptando la celebración de una “Mesa de Diálogo” ajena al Congreso y al Parlament y ultima la concesión de indultos.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dio ayer por hecho el indulto de los nueve políticos catalanes condenados por sedición y malversación, con el previsible rechazo del Tribunal Supremo, cuyo dictamen se conocerá a finales de semana y será, con casi total seguridad, contrario a una medida de gracia inmerecida por completo.
El Gobierno hará uso de su prerrogativa legal de conceder el indulto sin que lo pida el beneficiario y al margen de los informes preceptivos del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado, ambos obligatorios pero no vinculantes.
La falta de arrepentimiento, la ausencia de perdón a la parte ofendida y la previsible reincidencia retratan la inaceptable treta de Sánchez, que no atiende ni al interés de España ni a la letra o el espíritu de la ley de indultos: simplemente es un peligroso peaje que el presidente se paga, a costa de todo, para proseguir en el puesto con la respiración asistida del separatismo.
Lo único que puede frenar este despropósito, deudor del pecado de origen que supuso lograr la investidura desde el chantaje nacionalista y no desde el sincero acuerdo, es la negativa del Supremo a ejecutar la cacicada del Gobierno.
Porque si la ley faculta a Sánchez a saltarse el fallo condenatorio y proceder a la liberación de los reos; también lo hace para el Alto Tribunal se niegue a ejecutar esa resolución si la considera contraria a la norma. Ésa es ya la única esperanza.