Si es solo para los transportistas, no es bueno para España

El Gobierno y el Comité Nacional de Transportes, que dice representar al 85% del sector, han alcanzado un acuerdo de madrugada para paliar los precios del combustible hasta el 31 de julio, con posibilidad de ampliar el plazo de aplicación si el encarecimiento se mantiene.

El plan del Gobierno tiene un presupuesto de mil millones de euros y servirá para subvencionar hasta 20 céntimos por cada litro de combustible (15 los asumirá el Estado y 5 las petroleras) y para dar un pago de 250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias. Además, se flexibilizará la devolución de los créditos ICO y el acceso a financiación pública.

El Gobierno atenazado ante la amenaza de un paro total del transporte

 En el acuerdo no está presente la Plataforma convocante de los paros, que no ha aclarado si se suma o no, aunque todo indica que rechazará la oferta del Gobierno al considerarla insuficiente: de momento, siguen convocadas manifestaciones frente al Ministerio de Transportes y, ya el domingo, con la presencia de ambulancias, grúas y otros vehículos más allá de los camiones. Ambas se esperan masivas.

El acuerdo no incluye medidas para el resto de consumidores, que seguirán pagando casi 2 euros por cada litro de carburante pese a que Sánchez anunció medidas fiscales para todos en una entrevistas en televisión y en la cumbre de Presidentes Autonómicos de La Palma. Habrá que esperar al día 29 para conocer qué soluciones se ofrece al conjunto de la población, que no serán muchas si la Unión Europea renuncia a “topar” el coste de las energías.

Toda España tiene un problema con los disparatados precios de la luz, el gas o los carburantes. Y las soluciones deben ser para todos

Esto diferencia a España de otros países de Europa, como Francia, que aplica la bonificación a todos los consumidores, o Polonia, que completa la rebaja al combustible con otras medidas como el IVA del 0% para los alimentos y productos básicos.

El plan del Gobierno renuncia a la reducción de impuestos sobre el combustible; aumentará la deuda y déficit del Estado y afectará casi con total seguridad a un crecimiento de la inflación. Y deja una pregunta en el aire: ¿Qué hará Sánchez si otros gremios, o los propios ciudadanos, se suman a protestas parecidas a las de los transportistas?

En realidad, el Gobierno está desbordado por el problema general del coste de carburantes y energía: no se puede permitir rebajas generales para todos los españoles por la situación de las arcas públicas; no quiere reducir impuestos porque necesita una recaudación alta para mantener sus Presupuestos y no parece tener apoyos para que la Unión Europea ayude.

Sánchez prometió bajada de impuestos

Y es que se va a rechazar, salvo sorpresa de última hora, la pretensión de Moncloa de fijar topes a recibo eléctrico desvinculándolo del precio del gas: la cumbre de la Unión Europea es, hasta el momento, remisa a la propuesta de Sánchez de “topar” a 180 euros el megavatio el precio de la energía.

El Gobierno quiere que al menos se le permita fijar esos máximos a España y Portugal, improvisando el concepto de “Isla energética” para hacer de ambos países una especie de “paraísos energéticos” al menos temporalmente, una propuesta a la desesperada y de dudoso encaje legal.

Hay que recalcar que la ya evidente crisis de España antes de la guerra, agravada por la decisión del Gobierno de disparar el gasto público y subir impuestos y costes laborales; reduce ahora su capacidad de amortiguar la inflación y el sobreprecio espectacular de la gasolina, la luz y el gas. La situación puede empeorar si suben los tipos de interés, como parece probable, a corto plazo.