Un juzgado de Madrid abre diligencias contra el consejo de la SEPI por las ayudas a la aerolínea. Más de 15 altos cargos del gobierno pueden acabar imputados por malversación.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias previas contra el presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora y los miembros del Consejo de Administración de SEPI en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra. Por el momento ha reclamado a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda.
La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado este miércoles fuentes jurídicas, se enmarca en una fase inicial del procedimiento. La juez ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo. Lo que está claro es que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas requiere que las empresas sean estratégicas, y no hay manera de justificar lo de Plus Ultra.
El rescate de la aerolínea de capital venezolano con 53 millones de dinero público tildándola de estratégica cuando apenas opera una ruta es una vergüenza y una afrenta contra todos los empresarios y autónomos de España. Los miembros del Consejo de la SEPI que pueden verse imputados son 15 altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos las secretarias de Estado de Hacienda, Economía, Industria y Defensa. Además, hay que recordar que este rescate fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, lo que puede elevar las responsabilidades todavía más arriba.