El Senado y el PP, primer dique de contención contra la Ley de Amnistía

Empieza la batalla. En la calle Bailén, sin tropas napoleónicas pero en un envite igual de trascendental para España. Esta semana comienza a la actividad parlamentaria en el Senado, ya que el Congreso está de obras, y lo hace con un Gobierno que no las tiene ni mucho menos todas consigo. Junts, PNV y Bildu, por diversos motivos, no están muy por la labor de secundar tres decretos-ley, dos económicos y una jurídico, que iniciarán la semana, mientras que el miércoles deberán debatirse las enmiendas a la totalidad de la Ley de Amnistía presentadas por PP y Vox.

Primero, el problema Junts, que no se cansa de amenazar al PSOE de que las cosas hay que hacerlas a su manera, la independentista, o no se hacen. Los postconvergentes andan con la mosca detrás de la oreja por una norma de administración de la Justicia que, a su juicio, retrasaría la aplicación de ley de amnistía.  Ahí tendrá el rodillo sanchista su primer escollo.

🔴 El Congreso empieza 2024 con obras para la instalación de nuevas pantallas táctiles en todos los escaños, un proyecto que nos va a costar 3 millones de euros. pic.twitter.com/OhaQUQbCD1

— REVOL 🇪🇦 (@revol_es) January 1, 2024

El segundo tiene que ver con dos normas económicas que deberían aprobarse el lunes. PNV y Bildu todavía no se han pronunciado al respecto, pero el PP ya ha avisado de que no apoyará el nuevo paquete de medidas contra la inflación, que incluye la bonificiación y gratuidad del transporte, pero sin rebajas del IVA del pescado ni la carne y con subida del IVA de las energías. Si algún socio de Gobierno falla, los decretos ley no podrán salir adelante.

Enmiendas a la totalidad

Y queda, claro, el debate de las propuestas del PP y de Vox por sus enmiendas a la totalidad a la ley de la amnistía, que será el miércoles. Los populares pretenden reformar el Código Penal para introducir una serie de delitos de "deslealtad constitucional", entre los que incluyen la organización de referéndums ilegales, la declaración unilateral de independencia de una parte del territorio nacional y la incitación a la desobediencia de la legislación vigente.

Vox, por su parte, apostará por un nuevo tipo delictivo en el Código Penal que castigue "a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional".

Las dos propuestas serán tumbadas por el Gobierno y sus socios de investidura y tal vez Coalición Canaria se desmarque. Pero será insuficiente para que salgan adelante. Son los primeros pasos de un combate que se prevé largo.  El foco está en las Cortes, donde la andadura de la ley pactada por PSOE y Junts no ha hecho más que empezar. A la norma le espera por delante todo un proceso de tramitación que los populares prometen intentar torpedear al máximo, sin perder de vista que, en caso de que la Ley de Amnistía sea aprobada, la pugna continuará en el Tribunal Constitucional.