| 19 de Enero de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez, dos tarjetas rojas en Bruselas.
Pedro Sánchez, dos tarjetas rojas en Bruselas.

Bruselas saca los colores a Sánchez y le expedienta por dos incumplimientos

La Comisión Europea pone la cara colorada al Gobierno por dos irregularidades y sigue mirando a nuestro país como un "sospechoso habitual" de incumplir la legislación comunitaria.

| J.R.V España

Bruselas saca doble tarjeta amarilla al Gobierno y le vuelve a colocar en la lista de los socios incumplidores. La Comisión Europea ha informado este jueves del inicio de un procedimiento de infracción contra España por no haber cumplido con la transposición a su legislación nacional de las normas de la Unión Europea para combatir el fraude en la gestión de fondos europeos.

La directiva en cuestión armoniza las definiciones, sanciones, normas de jurisdicción y plazos de prescripción relacionados con el fraude y otras infracciones que afectan a los intereses financieros de la UE. Junto a España han recibido este primer aviso Croacia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía.

El expediente prevé otras dos fases posteriores si no se resuelve el asunto antes, primero con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, de no resolverse tampoco en esa etapa, elevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Asimismo, la Comisión ha anunciado la apertura de otro expediente sancionador contra España por incumplir las normas europeas en materia de contratación pública y concesión de contratos, una nueva legislación común que los Estados miembro deberían haber trasladado a sus leyes nacionales a más tardar en abril de 2016.

Las autoridades españolas notificaron a Bruselas la transposición de las dos directivas implicadas en este marco, pero la evaluación realizada con posterioridad por los servicios comunitarios apunta que "hay dudas" de que la legislación nacional se haya adaptado correctamente.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ve deficiencias en el alcance de la aplicación de las directivas, en especial a lo que se refiere a la modificación de contratos y al cálculo del valor estimado de los contratos en casos específicos.