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La presidenta del Congreso, Francina Armengol
La presidenta del Congreso, Francina Armengol

Vox acorrala a Armengol: querella por permitir las lenguas antes de aprobarse

La formación de Abascal acusa a la presidenta del Congreso de posible prevaricación ya que permitió que se hablara en lenguas cooficiales antes de dar el visto bueno al cambio de reglamento

| Enrique Martínez España

Problemas pata la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el famoso uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Vox ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella contra Armengol por posible delito de prevaricación al permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso sin estar todavía aprobada la reforma del reglamento.

Vox acusa a Francina Armengol de incurrir en un delito de prevaricación por "inaplicación del Reglamento del Congreso". La actuación de la presidenta del Congreso, según la formación de Santiago Abascal, vulneraría cuatro artículos del Reglamento de la Cámara: 6.2, 70.3, 60.1 y 103.2, además del artículo 3 de la Constitución.

Vox señala que "se realizó sin cobertura legal"

La responsable jurídica de Vox, Marta Castro, argumenta que el uso de las lenguas cooficiales diferentes al español son "no conocidas por el total de los diputados del Congreso y se realizó sin cobertura legal y sin poder certificar la autenticidad de las interpretaciones, impidiendo así el correcto ejercicio de representación democrática y sin provocar nada más que la indiferencia".

Para Vox, Francina Armengol actuó "al margen de la legalidad, a sabiendas, y con clara voluntad de infringir el reglamento a pesar de que fue advertida de forma expresa por diputados del Grupo Parlamentario de Vox de las infracciones que se estaban cometiendo".

Sin embargo, la presidenta continuó con la sesión "permitiendo y alentando los hechos, incluso participando de ellos", lo que prueba, según ellos, "el sesgo ideológico o el interés partidista que indebidamente impregna sus decisiones", denuncian los servicios jurídicos de Vox