El Supremo, inflexible, en medio de la polémica por el Tribunal de Cuentas

El Tribunal Supremo no tiene ninguna duda de que el independentismo tiene que saldar las cuentas pendientes, tal y como marca el Tribunal de Cuentas y así lo ha hecho saber este mismo jueves al rechazar los recursos presentados por Artur Mas, que intentaba sortear la responsabilidad económica derivada de la consulta del 9-N de 2014.

La Sección Primera de la Sala de lo Constencioso-Administrativo ha explicado en una providencia que la inadmisión se debe a que no ha justificado el interés casacional y a que el recurso carece de fundamentación suficiente.

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 La Sala ha rechazado, por las mismas razones, los recursos presentados en el mismo sentido por los ex altos cargos de la Generalitat Joana Ortega, Josefina Valls, Francesc Homs, Jordi Vilajoana, Ignasi Genovés, Jaume Domingo y Teresa Prohias i Ricart.

Respecto a Mas, el Tribunal afea que argumento sostenido por el expresidente  no hace referencia a la vulneración de la normativa contable o presupuestaria, sino, "según el tenor literal del escrito de preparación, en "una pretendida vulneración de constitucionalidad, en razón a que los gastos se dirigen al ejercicio de una competencia de la que se afirma no es titular la Generalidad de Cataluña".

Este rechazo de los recursos presentados por los líderes independentistas, relativa a la sentencia que condenaba a pagar cinco millones de euros que ya aportaron solidariamente Mas,  Homs, Joana Ortega y Rigau, que salieron de la Caja de Solidaridad del independentismo y del embargo de sus propiedades, es una prueba más de que el secesionismo tiene que saldar sus cuentas pendientes y llega solo horas después de conocerse el montante desviado por los dirigentes catalanes para promocionar la ruptura en el exterior.

Sin embargo, desde la Abogacía del Estado no se presentará demanda alguna para intentar devolver a las arcas públicas los gastos indebidos por la acción exterior entre 2011 y 2017, que el Tribunal de Cuentas cuantificó en 5,4 millones de euros.

Las cantidades deben ser depositadas por los independentistas en los próximos 15 días hábiles y en el caso de no hacerlo se iniciará el embargo de bienes en función de su responsabilidad, para después dar paso al procedimiento judicial.

Pero desde el separatismo y desde Podemos se presiona para intentar acabar con lo que consideran una "judicialización" del conflicto, a pesar de que el Supremo ya ha dejado claro que es necesario que los independentistas respondan ante las consecuencias económicas de sus actos.