La sectaria "memoria histórica" de Sánchez recibe otro varapalo de la Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor del Ayuntamiento de Madrid, que basándose en la ley de Memoria Histórica pidió la retirada de placas de dos históricos socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid fue el encargado de impulsar la moción. 

En su momento la decisión tomada por el Consistorio madrileño que contó también con los apoyos de PP y Ciudadanos no gustó nada al presidente del Gobierno y utilizó su cuenta oficial de Twitter para asegurar que "la ultraderecha ha arrastrado al PP y Cs".

El impulsor de la propuesta, Ortega Smith contestó de manera fulminante: "Para Sánchez que preside un gobierno que abandonó a la muerte a miles de españoles, Largo Caballero e Indalecio Prieto serán ejemplos a seguir. Para la inmensa mayoría de españoles decentes, solo unos criminales totalitarios cuya memoria es despreciable".

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En un auto, los magistrados estiman de forma parcial los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Madrid y por la representación procesal de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces contra el auto dictado el pasado enero por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo relativa a la pieza de medidas cautelares solicitadas por el sindicato UGT.

De este modo, la Sala procede a revocar únicamente en el particular relativo a la procedencia de suspender el acuerdo impugnado en relación con el cambio de denominación de las calles Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto Tuero, por resultar este pronunciamiento "disconforme con el ordenamiento jurídico", declarando en su lugar que no ha lugar, en consecuencia, a la adopción de esta medida cautelar.

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Los magistrados confirman el auto apelado con relación a la medida de aseguramiento consistente en que la placa conmemorativa de Francisco Largo Caballero de la fachada del edificio de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí sea custodiada por el Ayuntamiento en condiciones que impidan su mayor deterioro.

Acto completamente legítimo del Ayuntamiento

La resolución recoge que "la ejecución del acto impugnado, en lo que se refiere al cambio de la denominación de las calles, no produce perjuicios irreparables para la parte recurrente, ni determina o puede determinar la ineficacia del recurso que nos ocupa, de manera que los derechos e intereses de la recurrente ni se dañan, ni se perjudican irremediablemente".

Por el contrario, apunta que se trata de "un acto al que debe atribuirse presunción de legitimidad; adoptado en el seno de una corporación municipal, en función del principio de decisión democrática y por el voto de la mayoría de sus miembros".

"La autenticidad de este documento se puede comprobar en ejercicio de competencias propias del municipio y que se hace, según se dice, en aplicación de una norma jurídica con rango formal de ley, que es la que determina las potestades de la Administración y sus titularidades", agrega el auto.