Podemos se revuelve contra Calviño por su sistema para "nacionalizar" la Sareb

Las políticas de vivienda han vuelto a meter al Gobierno en un lío interno que lleva enquistado desde hace meses. El revés del Consejo General del Poder Judicial a la Ley de Vivienda, posponiendo su dictamen  hasta su nueva redacción no ha hecho más que acrecentar la brecha, a lo que ahora hay que sumar el enfado de Unidas Podemos al decreto por el que se 'nacionalizará' la Sareb. 

De momento, desde el PSOE intentan calmar los ánimos con la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del decreto que permitirá acceder al bono para el alquiler, esto es, una 250 euros para personas de entre 18 y 35 años, con unos ingresos inferiores a 24.318 euros al año, y con vigencia retroactiva desde este pasado 1 de enero. 

Podemos entra en cólera al ver cómo el CGPJ le desmonta la Ley de Vivienda

Pero además, en ese mismo Consejo de Ministros se dará un paso más, y se dará luz verde un real decreto que sentará las bases para que Sareb pase a ser una entidad pública, ya que se va a modificar la normativa que impide al Estado tener más de un 50% del accionariado del conocido como banco malo.

Según, explicó la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se modificará la estructura de gobernanza y la estructura de capital de la Sareb, y se abre la puerta a que el Estado compre a las entidades financieras que forman parte del accionariado algunas de las participaciones que poseen, posiblemente por el precio simbólico de un euro.

Podemos no quiere "socializar" las pérdidas

Sin embargo, para Podemos todo esto es insuficiente puesto que ha reprochado al PSOE su negativa a incluir sus propuestas en el cambio de estructura y funcionamiento de la Sareb, de cara a convertirla en una auténtica "herramienta pública", que a su juicio esté centrada en favorecer vivienda social.

Sin embargo, las contradicciones en el discurso de Podemos también son evidentes, porque, pese a que quiere que sea utilizada por el Gobierno para este fin, ha mostrado su inquietud ante la eliminación de los límites de participación del Estado en la entidad, y que ello derive en una "socialización" las "graves pérdidas" que registra. 

Es decir, Unidas Podemos quiere controlar la Sareb para establecer que hacer con los activos inmobiliarios que posee el llamado 'banco malo', pero sin asumir las pérdidas que este acumula, algo que a día de hoy ya se hace debido a la modificación de la contabilidad nacional marcada por Eurostat. Actualmente, su capital se reparte entre el Gobierno (sobre el 45%) y entidades privadas, fundamentalmente bancos.

Sareb contaba en 2020 con un patrimonio neto negativo de 10.528 millones de euros. Hasta entonces, había cancelado el 31,2% de la deuda emitida en su constitución, por lo que todavía debe devolver 34.918 millones de euros

La Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008. En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos.

Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.528 millones de euros. Hasta entonces, había cancelado el 31,2% de la deuda emitida en su constitución, por lo que todavía debe devolver 34.918 millones de euros, un importe que pasó a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público.

Unidas Podemos reclama desde hace años que la Sareb potencie su función social, como trasladó el diputado Rafa Mayoral durante una reunión con la dirección de la entidad en 2020, y ser un "ejemplo" en materia de cesión de viviendas para el realojo de población en situación de vulnerabilidad social.

La actual ministra de Derechos Sociales planteó en marzo del año pasado, cuando era secretaria de Estado para la Agenda 2030, obligar a la Sareb a poner el 75% de sus activos en alquiler social y ampliar así el parque público de vivienda en régimen de arrendamiento, sin embargo, esto a día de hoy no se hará lo que ha encendido aún más los ánimos en el seno de la coalición.