Un juez da 24 horas al ministro de Justicia para dar mascarillas a los fiscales

Al Gobierno se le empiezan a acumular los problemas en la derivada judicial de su gestión sobre el coronavirus. Este miércoles, un juez abrió la vía penal contra el Ejecutivo por las manifestaciones del 8-M y un día después llega la primera orden de un magistrado sobre el desabastecimiento de material de protección. Es un ultimátum y afecta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la fiscal general, Dolores Delgado.

 El Juzgado de lo Social número 13 de Madrid ha acordado estimar parcialmente la medida cautelar demandada por el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, y da 24 horas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para que provean de forma inmediata a los fiscales y a los funcionarios de las Oficinas Fiscales de mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas -si se pudiera-, mientras dure la pandemia por COVID-19.

En el auto se explicita que se deberá proveer de estos equipos de protección siempre que deban realizar funciones presenciales en los juzgados. El dictamen de medidas cautelares llega después de que este mismo miércoles la abogada Verónica Suárez García interpusiera una demanda "por vulneración de derechos fundamentales" y solicitara "medida cautelarísima inaudita parte".

Un juez abre la vía penal contra el Gobierno por alentar el 8M en plena pandemia

En los fundamentos jurídicos del auto, se hace mención de lo dictaminado por el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid, desde donde ya la semana pasada se dio 24 horas al Ministerio de Justicia para que protegiera debidamente a los Letrados de la Administración de Justicia.

La magistrada apunta que los órganos jurisdiccionales del orden social, conocerán "de las cuestiones litigiosas que se promuevan para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente".

Y, añade,  así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral".

En este sentido, el auto recalca que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales "es taxativa al regular el derecho a la protección frente a los riesgos laborales de los trabajadores".

Muere una fiscal antidroga de la Audiencia Nacional

Esta decisión judicial llega el mismo día que se ha conocido el fallecimiento de la fiscal antidroga Cristina Toro, de 59 años, a causa del coronavirus, según ha informado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) a través de su cuenta de Twitter.

Toro, que ingresó en la Carrera Fiscal en 1988, ejerció en la Fiscalía Provincial de Madrid, desde la que pasó, en el año 2011, a la Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional.