Los bandazos del PSOE: suscribe una alianza con los nacionalistas contra el TC

El "calvario de los martes", en original definición de un diputado del PP, se ha vuelto a reproducir en el pleno del Congreso con el PSOE como protagonistas de la ofensiva derogatoria contra algunas de las principales leyes que Mariano Rajoy impulsó en la legislatura de la mayoría absoluta.

En este caso le ha tocado el turno a la Ley Orgánica de Reforma del Tribunal Constitucional, aquella que habilitó a los magistrados del órgano garante de cumplimiento de la Carta Magna para dictar penas de inhabilitación -e incluso de prisión-, para aquellos cargos públicos que impulsan el proceso secesionista en Cataluña.

Es solo la primera fase de una larga tramitación, pero los socialistas se han sumado este martes a sendas Proposiciones de Ley impulsadas por el PDCAT -la antigua Convergencia- y PNV. Comparten, además, las tesis de Podemos, ERC y Bildu.

El debate en el Congreso, de tinte fundamentalmente jurídico, ha sido protagonizado por Gregorio Cámara, uno de los sabios fichados por Pedro Sánchez para coordinar su propuesta de reforma constitucional.

De salir adelante la iniciativa apoyada por los socialistas y de derogarse la ley vigente, por ejemplo, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, o el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, no se enfrentarían a penas de inhabilitación para ejercer como cargos públicos. Simplemente a una multa de carácter económico.

Una situación esperpéntica

La iniciativa parlamentaria que plantea reformar la ley del Tribunal Constitucional para castigar con multas, en vez de con la suspensión del cargo, la desobediencia de los cargos públicos frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional provocará que infracciones como tirar petardos, no recoger los excrementos de los perros, poner la música demasiado alta o fumar porros se castiguen con sanciones más elevadas que la negativa a cumplir los dictámenes del TC.

La iniciativa lanzada por el PNV propone eliminar los artículos de la ley del tribunal de garantías en las que se confería carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que las incumplan con un catálogo de medidas que van desde la suspensión hasta sanciones de 30.000 euros.

En el caso de las deposiciones de los perros, las multas por dejarlas en la vía pública varían significativamente en función de la ciudad. A la cabeza se encuentra Las Palmas de Gran Canaria donde un comportamiento muy grave y reincidente puede llegar a cartigarse con hasta 15.000 euros, cinco veces más que el máximo fijado en la iniciativa parlamentaria por no atender los fallos del Constitucional.