El sector progresista del CGPJ amenaza: dimisión en bloque para tensar la cuerda

La semana pasada la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Concepción Sáez, anunciaba su dimisión alegando la gran inestabilidad de este órgano judicial tras cuatro años y medio con el mandato caducado en su cúpula. La renovación tiene que pactarse entre Partido Popular y PSOE, algo que durante todo este tiempo no ha sido posible porque cada uno defiende lo suyo.

Para intentar forzar una renovación, el bloque progresista, que es minoría (7 vocales progresistas tras la marcha de Sáez por 12 conservadores) se reunirá este martes por la tarde para valorar su posible dimisión en conjunto. Sin embargo, todo apunta a que no se producirá porque la unanimidad está lejos de conseguirse.

La idea era que los otros 7 vocales progresistas, los designados a propuesta del PSOE más Enrique Lucas, nominado por el PNV pero que suele alinearse con este bloque, se sumarían a Sáez para poner en peligro el quorum del Pleno. De esta manera empujarían a Gobierno y PP a pactar la renovación, pendiente desde el 4 de diciembre de 2018.

Sin embargo, las fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican que esa teoría inicial se ha ido desmoronando por las crecientes dudas de que en caso de llevarlo a cabo y salir a la vez los 8 vocales progresistas pueda llegar a maniatar al CGPJ y forzar esa renovación. Por ello, varios de ellos no piensan seguir esa reacción en cadena.

Dimite una de las vocales progresistas del CGPJ por su "insostenible" situación

Muchas dudas

Los interrogantes giran en torno a las consecuencias prácticas de esta hipotética dimisión colectiva. En primer lugar, por ese quorum del Pleno. Actualmente, es de 11 (diez más el presidente), por lo que la partida de los vocales progresistas podría impedir que se constituyera. Sin embargo, desde el ala conservadora se avisa de que, puesto que Mozo es un presidente interino, podría interpretarse que con los 10 miembros conservadores es posible seguir trabajando.

Y es que estas fuentes recalcan que, incluso en el caso de que fuera imposible formar Pleno, la Comisión Permanente, para la que solo se requieren 7 vocales, podría continuar funcionando, manteniendo así activo el CGPJ. Además, los conservadores alertan también de que la renuncia conjunta podría constituir un delito de abandono de la función pública.