El Gobierno de "lo social" no evita la muerte de 4.400 migrantes ahogados

La tragedia que viven las costas españolas por la migración irregular, principalmente en Ceuta, Melilla, Andalucía y Canarias está presente en el día a día de los ciudadanos. Estrenamos año y también balances del anterior, y aquí llega uno de los más dramáticos, el de los migrantes fallecidos en el mar en su huida para alcanzar la puerta de Europa.

Un total de 4.404 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar en su intento de alcanzar la costa española en 2021, según recoge el informe 'Derecho a la Vida', que ha presentado a los medios de comunicación la ONG Caminando Fronteras. Esta cifra supone un aumento de un 102% con respecto a los números de 2020, el año más duro que se recuerda, según denuncia el organismo.

La ruta más complicada para estas personas que se suben en una patera o embarcación precaria, es la que tiene como destino Canarias, que se ha visto intensificada debido la grave crisis diplomática que mantuvo el año pasado el Gobierno de España con Marruecos. En ella han muerto o desaparecido 4.016 personas (124 naufragios) de las 4.404 registradas. Le siguen, la ruta argelina, con 191 personas muertas o desparecidas en 19 naufragios; y 95 víctimas en 10 naufragios en la ruta del Alborán.

Unos datos muy superiores a los que marca la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM), que cifró los fallecimientos en las rutas a España en 1.255 en 2021. Se trata de una estimación, porque aclaran que sólo se incluyen muertes en las que se recupera el cadáver o naufragios con testimonios de supervivientes.

Los datos del Gobierno que no reflejan los muertos

Desde la entidad califican estos datos como las "cifras del dolor" y apuntan que estos números son "el mínimo registrado" y que "la realidad es que hay más víctimas" de estas rutas, sin embargo no se pueden sumar a las estadísticas porque no existe constancia de su malogrado viaje.

⚠️ 2021 ha sido el año más trágico en nuestras fronteras: 4404 personas han muerto en su intento de alcanzar España #DerechoAlaVida2021 pic.twitter.com/Unjz0eXvuV

— Caminando Fronteras (@walkingborders) January 3, 2022

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha publicado un informe sobre la llegada de inmigración irregular a España por vía marítima, desde el 1 de enero hasta el 28 de diciembre de 2021. Un total de 39.835 las personas, frente a 39.794 en 2020. Es decir, muy pocas diferencias para el Gobierno, pero que no se ajustan a la cruel realidad, según el organismo.

La fundadora de la ONG y activista por los derechos humanos, Helena Maleno, ha señalado que el Gobierno destaca una reducción de 600 personas en las llegadas (basándose en el informe anterior que se cerró el 16 de diciembre), cuando es del doble. Una víctima cada dos horas, cada uno de los 365 días del año.

La muerte y desaparición en el mar ha aumentado el doble.

Piden la implicación del Gobierno sobre los desaparecidos

De las personas que perecen en las aguas atlánticas y mediterráneas, en el 95% de los casos sus cuerpos nunca aparecen. En este aspecto se centra la protesta de la asociación humanitaria, que ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone el foco en que "las embarcaciones no lleguen" y se desentiende de aquellas que en su intento partieron pero nunca pisaron tierra.

Una labor de control que Maleno ha afeado que tengan que asumir las organizaciones ante el espaldarazo del Gobierno y que consideran que conocer el número de muertes y desapariciones debería "ser una información oficial".

Cadáveres de tres mujeres que fueron encontradas ahogadas en el mar, cerca de las costas de Fuerteventura este verano.

Caminando Fronteras calcula que unas 83 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo, sin que nadie sobreviviera para contarlo, y se han recuperado solamente el cuerpo del 5,2% de los migrantes muertos.

No sólo no se cuenta a los fallecidos, tampoco el trato que se concede a los cuerpos que sí aparecen es el más adecuado según, la representante de la ONG. Denuncian que en algunos casos la forma del entierro no responde a los deseos de la familia, al no poderse desplazar a España, mientras que en otros son enterrados "en fosas comunes" y "en menos de 24 horas" desde su rescate.