| 29 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, e investigado -entre otras cosas- por sus posibles contactos con Rusia para garantizarse su apoyo económico y militar.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, e investigado -entre otras cosas- por sus posibles contactos con Rusia para garantizarse su apoyo económico y militar.

Más problemas para Puigdemont: se estrecha el cerco de la trama rusa

El juez ve más indicios de las conexiones del prófugo catalán y su entorno con el gobierno de Vladimir Putin y hasta apuntan conversaciones sobre desestabilizar Europa e invadir Ucrania

| Raúl Puente España

No sólo la acusación de terrorismo sobre Carles Puigdemont que mantiene el juez García Castellón es un problema para el prófugo catalán y su plan para volver a España acogiéndose a la ley de amnistía del PSOE. El juez Joaquín Aguirre lo tiene claro: ha encontrado "datos que confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana y alguno de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o tenían vinculación directa con los servicios secretos rusos".

Así de claro lo explica el magistrado en el auto hecho público en el que anuncia que amplía seis meses más las pesquisas sobre el llamado ‘caso Voloh’ y que pone el foco en varios nombres de confianza de Carles Puigdemont por sus posibles conexiones con el régimen de Vladimir Putin.

Concretamente son, entre otros, Víctor Terradellas -exresponsable de relaciones internacionales de CDC- Josep Lluís Alay -jefe de la oficina de Puigdemont- y el informático Jaume Cabaní. En este nuevo documento el magistrado detalla el posible plan que uniría los caminos de los independentistas con el Kremlin y cuya sospecha nace a raíz de un mensaje encontrado en el móvil de Terradellas.

El ex responsable de relaciones internacionales de CDC e investigado por sus posibles contactos con Rusia, Víctor Terradellas.

En concreto, el juez alude a la presunta previsión de los investigados de que "se iniciara una guerra entre la Unión Europea y Rusia" y explica en dicho auto que “el interés de los investigados era establecer vínculos de influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la misma por causa de la independencia unilateral de Cataluña. Contactos para garantizar el apoyo tanto económico como militar del Gobierno ruso en caso de producirse este escenario.

 

Los contactos del independentismo con Rusia

Son varias las reuniones con ex diplomáticos y ex militares rusos de las personas de confianza de Puigdemont las que ponen la mosca detrás de la oreja del juez Aguirre, que también afirma que todavía queda mucha documentación que revisar y asuntos en los que profundizar.

-Un exdiplomático que se reunió con Puigdemont en la Casa dels Canonges de Barcelona días antes de la declaración unilateral de independencia en 2017.

-Otro encuentro organizado presuntamente por Terradellas en los que participaron un exmilitar ruso y Jordi Sardà, que en la reunión hizo de intérprete y de "enlace con el Gobierno ruso".

-Los emisarios rusos también se reunieron con la ex dirigente de Junts y persona de confianza de Puigdemont, Elsa Artadi, en el hotel Colón de Barcelona, para hablar de "bitcoins".

Elsa Artadi, investigada también por sus posibles contactos con Rusia.

Josep Alay -jefe de la oficina de Puigdemont- también está siendo investigado y el juez es bastante tajante con su posible implicación. De hecho están acreditadas varias conversaciones entre él y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes rusos, y varios viajes a Rusia.

Por todo ello este juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona ha decidido ampliar la investigación, en una prórroga que empieza a contar desde que se concluya el actual plazo, el 27 de febrero, y se alargará seis meses más. Decisión que llega a escasas horas de que este martes, en el Congreso, se debata la proposición de Ley de Amnistía para su envío al Senado.