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El Consejo de Estado deja en evidencia a Sánchez por no tener plan B a la alarma
El órgano constitucional da la razón a las comunidades que alertan del caos que se avecina ante la falta de un plan B tras el anunciado final del estado de alarma.
El Consejo de Estado se suma al clamor contra Pedro Sánchez por anunciar el fin del estado de alarma sin haber propuesto a las Comunidades Autónomas un Plan B para evitar el caos normativo y legislativo con la pandemia aún vigente.
El órgano consultivo constucional ha aconsejado al Gobierno la necesidad de actualizar y mejorar la legislación sanitaria que, entre otras cosas, sirve a los Ejecutivos autonómicos como marco jurídico para tomar medidas contra la pandemia, cuando no está vigente el estado de alarma.
Se trata, en concreto, de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuyo contenido entienden que "podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública".
Así lo pone de manifiesto el Consejo de Estado en un dictamen que le remitió el pasado 22 de marzo para asesorarle sobre la conveniencia de interponer un recursos de inconstitucionalidad a la reforma de ley de salud gallega impulsada recientemente por la Xunta de Galicia -el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada interponer dicho recursos-.
El órgano consultivo del Gobierno también aprovecha para señalar la necesidad de modernizar esa legislación sanitaria estatal ya que, según reconoce, "no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura".
En este sentido, señala que se trata de una norma que implementó "hace casi cuarenta años", y que "contiene una regulación en extremo genérica de las medidas especiales en materia de salud pública limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas".
"Podría resultar insuficiente para hacer frente, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia administrativa y seguridad jurídica, a las necesidades a las que se enfrentan las autoridades sanitarias competentes", reconoce el Consejo de Estado en su informe.
