Sánchez vuelve a jugársela a las comunidades: no hay plan B al estado de alarma

El anuncio de Pedro Sánchez de dar por concluido el estado de alarma el 9 de mayo ha provocado muchas dudas entre las comunidades autónomas. Puesto que ello supondrá que automáticamente decaigan también los cierres perimetrales, el toque de queda y la limitación de reuniones a seis personas. 

El problema que se les presenta es que durante estos 13 meses de pandemia el Gobierno no ha diseñado un armazón jurídico alternativo al estado de alarma, a pesar de que varios presidentes autonómicos -especialmente los del PP, pero no solo- se lo han pedido en reiteradas ocasiones.

El propio Sánchez se comprometió a ello un ya lejano 10 de mayo, durante la novena conferencia de presidentes telemática y en plena desescalada. En concreto, en aquel encuentro el presidente citó la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011. 

Pero nunca cumplió, y ahora la historia se repite: las comunidades se encontrarán nuevamente con las manos atadas si, llegado el caso, quisieran decretar confinamientos selectivos u otras medidas que restrinjan los derechos fundamentales. Porque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no es tan poderoso.

El precedente de octubre

La situación no es nueva. A la vuelta del verano, en plena segunda ola y ante la negativa de Sánchez de decretar un nuevo estado de alarma de ámbito nacional (que finalmente llegaría el 25 de octubre), varias comunidades decidieron actuar por su cuenta y riesgo.

El Gobierno de Aragón decretó en octubre el confinamiento perimetral de varios municipios y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad lo tumbó porque entonces no había estado de alarma que lo sustentara y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 fue considerada insuficiente para tal restricción. Algo parecido le pasó a la Junta de Castilla y León, que ese mes aprobó un toque de queda entre las 22 y las 6 horas que también echó para atrás el Tribunal Superior de Justicia castellano y leonés.

Incluso Salvador Illa quiso cerrar la Comunidad de Madrid para el puente del 12 de octubre sin estado de alarma en vigor y el Tribunal Superior de Justicia madrileño también lo rechazó. ¿Qué hizo entonces el ministro de Sanidad? Decretar un estado de alarma solo para Madrid. A grandes males, grandes remedios.

Para más inri, Sánchez ha recurrido ante el TC la nueva Ley de Salud de Galicia

No es solo que Sánchez se haya resistido a adaptar las leyes sanitarias ordinarias a una situación de pandemia, sino que ha llevado al Tribunal Constitucional a quien sí lo ha hecho: Alberto Núñez Feijóo, para indignación de éste. El Gobierno acaba de recurrir ante el TC la nueva Ley de Salud de Galicia aprobada por el Parlamento regional en febrero porque considera que restringe derechos fundamentales que solo pueden serlo en base a una ley orgánica, y por tanto son de competencia nacional. En concreto, la posibilidad de obligar a vacunarse a la población. 

Sea como fuere, los presidentes regionales del PP se malician que detrás de este anuncio de Sánchez está la campaña de las elecciones madrileñas. De la misma forma que en diciembre el presidente se negó a endurecer las restricciones a la movilidad pese al clamor de casi todas las autonomías por la campaña de las catalanas.