| 27 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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El Rey Felipe VI y el presidente del Congreso, Patxi López, en una audiencia tras las elecciones del 20D
El Rey Felipe VI y el presidente del Congreso, Patxi López, en una audiencia tras las elecciones del 20D

El Rey explora un plan inédito para sortear el bloqueo en el Congreso

El endiablado laberinto en el que se ha convertido la política española desde las elecciones del 20 de diciembre comienza a desbordar las previsiones constitucionales.

| Javier Ruiz de Vergara España

La maquinaria constitucional se ha puesto a trabajar para dotar al Rey Felipe VI de "munición jurídica" para afrontar un escenario sin precedentes en la historia de España que ya nadie descarta, según han reconocido, eso sí en privado, dirigentes de los dos grandes partidos y que apuntan a un inédito bloqueo institucional nunca visto en nuestro país.

Aunque falta mucho camino por recorrer en las negociaciones abiertas por Mariano Rajoy para lograr apoyos suficientes para su investidura, tanto el Consejo de Estado cómo el gabinete jurídico del Congreso de los Diputados, -amén de los expertos constitucionalistas que han sido consultados por la Jefatura del Estado desde los comicios del 20D- han comenzado a "elaborar papeles" para encontrar una salida a una hipótesis que comienza a cobrar fuerza desde este miércoles: que ningún candidato reciba finalmente el encargo de asumir la investidura para la Presidencia del Gobierno. 

Una "reflexión" que ha generado todas las alarmas

Fuentes del Congreso consultadas por ESdiario han reconocido este jueves que ha sido el propio Mariano Rajoy quién ha "activado" la "alerta constitucional". Lo hizo cuando, tras su entrevista con Pedro Sánchez, reconoció que si no logra sumar activamente a los 32 diputados de Ciudadanos, abrirá "un periodo de reflexión" con el resto de partidos para ver "como dar salida" a este nuevo y temido bloqueo.

La Constitución no establece ninguna previsión para el escenario en el que ningún candidato quiera asumir la investidura

Este jueves, el PP ha recibido como un jarro de agua fría el nuevo mensaje lanzado por el partido de Albert Rivera. Ciudadanos insiste y enfatiza que no va a negociar con el PP la investidura de  Rajoy como presidente del Gobierno y que esperará a que empiece la legislatura para defender sus propias propuestas. Además, rechaza de plano el documento que le han remitido los populares calificándolo de "muy genérico y poco ambicioso".

El entorno de Rajoy reconoce que el presidente en funciones tiene decidido no ir a la investidura sólo con sus 137 votos y está convencido de que los barones del PSOE impedirán a Pedro Sánchez acudir a la misma con el apoyo de Podemos, ERC, PNV, Convergencia y Bildu. "Esa es la línea roja que ha impuesto Susana Díaz", se muestran convencidos en el PP.

Un escenario nuevo: el "reloj constitucional" parado

Si como parece a día de hoy el bloqueo se mantiene, -es decir si Ciudadanos no transita al sí y el PSOE a la abstención-, el Rey Felipe VI se encontraría el próximo martes con una situación inédita y rocambolesca. El nuevo presidente del Congreso le trasladaría que ningún candidato aspira a la investidura, el mecanismo que activa al instante el calendario y los plazos para la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre.

Es decir, según algunos juristas consultados España entraría en un "limbo constitucional" para el que la Carta Magna, en eso coinciden todos los expertos, no contempla mecanismo alguno. Ahí entraría el Consejo de Estado y los letrados de las Cortes: un documento que faculte al Rey a acortar los plazos para poder disolver el Parlamento surgido del 20D y convocar nuevos comicios.

El precedente al que algunos dirigentes del PP y el PSOE recurren es al informe que facilitó la segunda convocatoria de las elecciones madrileñas tras el conocido "tamayazo". Cuando los socialistas Tamayo y Sáez frustraron la investidura de su líder Rafael Simancas, Esperanza Aguirre renunció a asumirla ella. Se convocaron nuevas elecciones sin esperar a los plazos que contempla el Estatuto. Sin embargo, en el Congreso se considera de forma unánime que el Rey precisará en esta ocasión de "munición constitucional" expresa para la actual situación.