15 de Junio de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Malaska, la directora general de la Guardia Civil, y el DAO dimitido este martes.
Malaska, la directora general de la Guardia Civil, y el DAO dimitido este martes.

El golpe a De los Cobos tiene consecuencias: Vox se querella por prevaricación

El partido de Santiago Abascal presenta denuncias contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y la directora general de la Benemérita, María Gámez.

| J.R.V España

El terremoto provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la Guardia Civil no parece que va a amainar con el fulgurante relevo de su Director Operativo -el general Pablo Salas va a sustituir al dimitido Laurentino Ceña-, ni con el anuncio de la subida de sueldos en la Benemérita.

Como ocurrió con las marchas del 8-M, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, vaticina un recorrido también en los tribunales. De momento, desde este mismo miércoles dos querellas pesan sobre la cabeza del número dos de Interior, Rafael Pérez, y de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Se trata en concreto de querellas contra el secretario de Estado de Seguridad y la directora general por las llamadas que se realizaron el domingo al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo por la propia Gámez.

Vox se ha dirigido a los juzgados de instrucción de Madrid, donde ha presentado el escrito por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal. Previamente, la portavoz adjunta del partido de Santiago Abascal había exhibido la iniciativa durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

 

Según ha explicado Vox, en su querella pone de manifiesto la "relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe" solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M.

Para sustentar este argumento, el escrito incluye algunas publicaciones de medios de comunicación que apuntan a que el contenido del informe que elaboró la Guardia Civil en calidad de policía judicial por encargo de la magistrada fue "el detonante de la destitución".

Vox afirma en su querella que el informe refleja que "los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid". "Datos que fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo", resume.

De igual modo, el escrito explica que "la relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que éste se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial".

Vox expone que el cese del coronel "también coincide con la polémica suscitada en los últimos días por el dispositivo de seguridad organizado para proteger la vivienda del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid)".

Por ello, solicita que el informe que estos días aparece en los medios de comunicación sea contrastado con el presentado ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para verificar su autenticidad.

También plantea que si se probara que el coronel Pérez de los Cobos ha sido destituido "por el informe y/o por negarse a dar información sobre el mismo, la destitución deberá ser declarada nula por arbitraria y los querellados, condenados".