Vox emprende su ofensiva para acabar con todos los partidos independentistas

Ocho meses después de que Vox formalizara su intención de iniciar la batalla parlamentaria para erradicar las fuerzas del independentismo del panorama político español, esta semana comenzará a hacerse realidad en el Congreso de los Diputados.

Así, los de Santiago Abascal llevarán este martes al Pleno del Congreso una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017. Ello incluye a ERC, Junts, el BNG, la CUP y EH Bildu, entre otros, aunque en la formación verde tampoco descartan al PNV o "partido recogenueces", como le denominan.

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Fue el propio Abascal quien registró el pasado enero esta proposición de ley con la que, según apuntó entonces, pretenden ilegalizar "a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España", y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

Vox sostiene que en la actualidad existen partidos que expresan en sus estatutos -e incluso desde su posición en las administraciones e instituciones- su voluntad de "romper España" y el orden constitucional, partidos que han incitado "a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder" y partidos que han "justificado" el terrorismo.

"Un peligro para la convivencia entre españoles"

Y, frente a esto, lo que plantea es una reforma legislativa que ponga límites para que las formaciones políticas sean herramientas de participación política y una expresión de pluralismo, pero no "un peligro para la unidad y la convivencia entre españoles".

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"No se trata -argumentan en el texto- solo de proclamaciones ideológicas sino también de actuaciones reiteradas y sistemáticas que ya han merecido las más severas sanciones de la jurisdicción nacional, constitucional y ordinaria".

En concreto, con su proposición Vox quiere ilegalizar a aquellos partidos que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, que justifiquen la violencia como "método de acción política", que ataquen las libertades y los derechos fundamentales, que apoyen organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad de España o que promuevan referendos o leyes contra la soberanía.