Aragón aprueba una polémica paga de 522€ al mes para inmigrantes "sin papeles"

Cualquier inmigrante "irregular" en Aragón podrá recibir una paga mensual de 522 euros mensuales cumpliendo un único requisito: estar empadronado en alguno de los más de 700 municipios de la Comunidad Autónoma, aunque carezca de permiso de residencia y su situación, en términos jurídicos, sea de "ilegal".

Tras muchos anuncios, rectificaciones y versiones contradictorias, lo cierto es que el Gobierno del socialista Javier Lambán ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la polémica norma que regula esa ayuda, según ha constatado ESdiario en la fuente oficial, pese a que ahora intenta enmendarlo asegurando que las solicitudes de inmigrantes irregulares las rechazará por vía administrativa, algo incompatible con lo que dice su propia ley.

Aunque la redacción del texto es farragosa y no lo dice con claridad, fuentes jurídicas consultadas por este periódico confirman que la normativa, de manera efectiva, consagra ese nuevo subsidio, que no es privativo para los inmigrantes "sin papeles", sino para cualquier persona en exclusión, pero sí les beneficia a ellos igualmente, sentando un precedente que puede extenderse al conjunto de las regiones y suponer un claro reclamo.

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En concreto, la página 5 del BOA del 15 de octubre dice literalmente lo siguiente al anunciar el Decreto 161/2021 aprobado dos días antes, para definir a los beneficiarios: "Tener residencia efectiva en Aragón. En el caso de los extranjeros, este requisito se aplicará de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón".

La "residencia efectiva" se logra simplemente con el empadronamiento, sin necesidad de obtener un permiso de residencia que legalice la presencia en España, tal y como aclara el propio Gobierno aragonés en otro apartado de su web oficial donde explica a la población extranjera cómo debe acreditar la residencia efectiva: "Certificado o volante de estar empadronado en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón". Nada más.

La "residencia efectiva" se logra solo con empadronarse, algo sencillo dando una simple dirección de "domicilio habitual"

Eso significa que, aun con dificultades, cualquier inmigrante "irregular" cumplirá el único requisito pedido si logra entrar en el padrón, una cuestión fácil de obtener, en el sentido de que no tiene réplica de la Administración si, simplemente, se da una dirección real física del municipio elegido: por ejemplo, la vivienda de un amigo si la puede señalar como "domicilio habitual".

El artículo 16.1 de la Ley 4/1996 que regula el procedimiento es también claro en ese sentido y, a diferencia de otros procedimientos donde la tutela del Estado y las exigencias son muy elevadas, en este caso basta con enseñar el "DNI" del país de origen y un lugar donde supuestamente se vive, sea o no en propiedad o con un alquiler formal.

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El Gobierno aragonés marca así un camino apoyándose en una interpretación de la ley que reconoce derechos a los foráneos, dando por incluidos a los "irregulares" en la categoría de "residentes", a pesar de que la residencia formal requiere de unos pasos e hitos que van mucho más allá del simple empadronamiento.

La norma esgrimida por Lambán para aprobar esa paga se limita a decir lo siguiente: "Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles".

Por último, al respecto de la cuantía, el inmigrante "sin papeles" quedará ubicado en el epígrafe que regula la recepción mensual de un mínimo de 522 euros, según la traducción de la normativa impulsada por el tripartito aragonés encabezado por el PSOE y secundado por el PAR y la Chunta:

"En el supuesto de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de la Prestación Aragonesa Complementaria se fija en 522 euros. A las unidades de convivencia compuestas por más de un beneficiario se les aplicará la escala de incrementos fijada en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital".

Pero no hay efecto llamada.https://t.co/AfjqWx1ikm

— Mi_Mar (@MiMar19872003) October 15, 2021

La aprobación final de una ayuda que adelantó el diario Abc en mayo y que después se matizó para finalmente decretarse tal y como se difundió en origen, ha suscitado un hondo debate en la redes sociales, si bien no ha tenido una gran respuesta política en Aragón desde la oposición, alineada hasta el momento con el decreto.

De hecho, hasta VOX Aragón se abstuvo en la votación inicial del decreto el pasado mes de mayo, si bien entendió que se refería a subsidios para la población española o foránea "regularizada", dando por excluido a cualquier otro sector.

La Sanidad universal, otro hito

Esta medida avanza en la línea iniciada por Pedro Sánchez en 2018, cuando aprobó la sanidad gratuita para todos los inmigrantes, aunque carezcan de papeles. Una medida humanitaria con un coste incierto que casi nadie asume en el resto de Europa.

Los votos del bloque parlamentario que sustenta al Gobierno avalaron una decisión que contó con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos y ha sido mal presentada: la sanidad "gratuita" y universal ya existe en España; la novedad ahora es que no es precisa ninguna documentación para acceder a ella.

En España, según estimaciones aproximadas, vive alrededor de un millón de inmigrantes en situación irregular, los llamados sin papeles. Desde hace apenas una semana, y en pleno alud de pateras y quejas políticas por el desbordamiento, todos ellos tendrán los mismos derechos de acceso a la sanidad pública que un español, una medida aplaudida y controvertida a partes iguales que, para el Gobierno de Sánchez, ha sido bandera. 

¿Cómo lo hace Europa?

La medida contrasta con la manera de gestionar este asunto tan sensible en la mayor parte de los países de Europa: salvo en Francia, en ningún otro se presta un servicio similar al que España ya ha aprobado. Ni Alemania ni Reino Unido ni Bélgica, por citar tres países importantes, garantizan unas prestaciones como las que España ha asumido ya en plena crisis migratoria en Ceuta. 

El Real Decreto, que devolvió la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) y "desliga" la asistencia sanitaria de la condición de asegurado,  garantiza la sanidad pública y gratuita para todos los inmigrantes que estén en España con independencia de su situación legal, lo que según algunos cálculos puede tener un coste de 1.100 millones de euros para el erario público y suscitar un efecto llamada.

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Dos consecuencias que, sin embargo, hay expertos que desmienten o en todo caso consideran compensadas por otros beneficios en términos de cotizaciones futuras de los migrantes ya instalados.

En la nueva normativa, que acabó con una de las normas más criticadas dentro del Real Decreto 16/2012 puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, inspirado a su vez en la política de una buena parte de los países de Europa en este ámbito, fue aprobada el viernes 27 de julio de 2018 en el Consejo de Ministros, a propuesta de la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, dimitida después por falsear su currículum.