El juez reactiva la investigación de la caja B de Podemos y pide más documentos

El magistrado Juan José Escalonilla acelera en su investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos. El instructor del caso Neurona ha pedido a la dirección del partido de Pablo Iglesias que entregue el documento por el que se aprobó la solicitud realizada por una asociación popular para recibir 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido, reactivando con ello esta línea de investigación, que cerró pero tuvo que reabrir por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.

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En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha solicitado a Podemos que aporte el acuerdo del Consejo de Coordinación por el que se aprobó la petición formulada por #404 Comunicación Popular.

Esto fue uno de los hechos presuntamente ilícitos que mencionó el exabogado José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019 contra su formación y de la que partió el caso Neurona.

Según Calvente, la Caja de Solidaridad se creó en 2018 a instancias de Rafael Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, como una "herramienta" para colaborar con "los sectores populares en un proyecto de lucha conjunta por la justicia social", y se habría usado como caja b.

El juez investigó este trasvase de fondos y no pudo determinar que se hubiera producido pero sí comprobó que se habían hecho al menos tres transferencias de 10.000 euros a dicha asociación y que algunos de sus miembros lo son también de Podemos.

No obstante, en un auto de octubre, acordó archivar este asunto por considerar que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido".

La Audiencia Provincial, en una resolución del 16 de febrero, ordenó a Escalonilla seguir investigando "hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad".

Para la Sección 30ª, es razonable pensar que concurre "una vinculación subjetiva encubierta" entre la asociación y el partido que podría servir para operar "al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos".

En estos momentos, las pesquisas se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que Escalonilla sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.