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Vox exige frenar la obligatoriedad de la baliza V-16, un coste único en Europa

El partido de Santiago Abascal ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para suspender la implantación de las nuevas balizas de emergencia conectadas, al considerar que no cuentan con aval técnico suficiente y que suponen un gasto injustificado para millones de familias. Vox denuncia que España avanza en solitario respecto al resto de Europa y reclama mantener los triángulos, evaluar la eficacia real del dispositivo y evitar nuevas imposiciones que “penalizan” a los conductores.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España).Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Motor Lobby
Madrid

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El Grupo Parlamentario Vox ha vuelto a poner en el centro del debate una de las medidas de seguridad vial más controvertidas de los últimos años: la obligatoriedad de las nuevas balizas de emergencia V-16, dispositivos conectados que deben sustituir a los tradicionales triángulos. La formación de Santiago Abascal ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que pide suspender su implantación al considerar que no existe “una justificación técnica sólida” y que suponen “un gasto adicional para millones de familias” en un contexto económico especialmente delicado.

La portavoz parlamentaria, Pepa Millán, fue directa durante su comparecencia en la Cámara Baja: “Es una imposición del Gobierno que, además, únicamente va a afectar a los vehículos matriculados en España”, denunció, en referencia a que la obligatoriedad de las balizas conectadas no responde a un estándar armonizado a nivel europeo. Para Vox, se trata de una decisión unilateral del Ejecutivo de Pedro Sánchez que coloca a los conductores españoles en una situación distinta a la del resto de países comunitarios.

Un coste cuestionado en plena inflación

El argumento económico ocupa un lugar central en la crítica. Millán recordó que la medida llega en un momento en el que las familias siguen encajando el golpe de la inflación, el encarecimiento del carburante y la subida generalizada del coste de la vida. “Cuando los españoles peor lo pasan, Sánchez impone otro gasto adicional que no cuenta con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real”, afirmó.

En este punto, Vox subraya una comparación clave con otros países de la Unión Europea: ningún gran mercado automovilístico europeo ha implantado aún una obligación similar con un dispositivo conectado. En Francia, Alemania, Italia u Holanda los tradicionales triángulos siguen siendo válidos, y aunque algunos gobiernos estudian alternativas más modernas, ninguno ha anunciado una imposición inmediata equivalente a la española. Esta falta de alineamiento comunitario refuerza —según Vox— la idea de que España está legislando en solitario sin un marco común que justifique el salto tecnológico.

Dudas técnicas y ausencia de ensayos independientes

La formación reprocha también al Gobierno la falta de aval técnico. Millán sostiene que la eficacia de la baliza V-16 “no ha sido suficientemente acreditada ni por estudios independientes, ni por informes periciales, ni por ensayos en condiciones reales de tráfico”. En su opinión, la apuesta por un sistema conectado a la nube, que depende de cobertura de red y de un correcto funcionamiento electrónico, introduce variables que deberían haber sido evaluadas con rigor antes de convertirlo en obligatorio.

Vox destaca además que los triángulos continúan siendo ampliamente utilizados y homologados en la mayoría de países europeos, lo que para ellos demuestra que no existe un consenso científico ni técnico que justifique su retirada precipitada. A su juicio, España está sustituyendo un método probado durante décadas por otro que aún no ha demostrado una mejora sustancial en términos de visibilidad, rapidez o seguridad.

Mantener los triángulos y evitar riesgos añadidos

En la proposición no de ley registrada en el Congreso, Vox solicita formalmente la suspensión de la obligatoriedad de la V-16 “hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes” que acrediten su eficacia en escenarios adversos: niebla, lluvia intensa, baja visibilidad nocturna o tráfico denso.

La formación pide también que se mantenga la validez de los triángulos de emergencia, subrayando que su colocación —a diferencia de lo que defiende la Dirección General de Tráfico— no tiene por qué implicar mayores riesgos si el conductor actúa de acuerdo con los protocolos internacionales de seguridad: chaleco reflectante, distancia prudencial, bajada del vehículo por el lado del arcén y ubicación en zona segura.

Vox insiste en que ninguna medida de seguridad vial debe incentivar que el conductor permanezca dentro del vehículo, algo que —recuerdan— está desaconsejado en todos los manuales europeos de prevención de riesgos en carretera debido al peligro de colisiones por alcance.

Renovación del parque sin “imposiciones ideológicas”

Otro de los ejes de la iniciativa apunta a un problema más amplio: el envejecimiento del parque automovilístico español, uno de los más antiguos de Europa. Vox reclama que el Gobierno impulse ayudas reales para familias y empresas con el objetivo de favorecer la renovación de vehículos, independientemente de la tecnología empleada.

La portavoz de Vox defendió que las políticas públicas deben fomentar “la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción —combustión, híbridas y eléctricas— sin imposiciones ideológicas”. En su opinión, el Ejecutivo está priorizando una agenda ambiental y fiscal que acaba generando nuevos costes asociados para los conductores, desde restricciones urbanas hasta nuevas obligaciones en materia de equipamiento.

Un reproche final: “costes innecesarios” y “finalidad extractiva”

La proposición concluye con una llamada al Gobierno para que cese la aprobación de normativas que —a juicio de Vox— tienen una “finalidad puramente extractiva” y no repercuten de forma positiva en el bienestar de los ciudadanos. Para Millán, el caso de la baliza V-16 es un ejemplo más de una tendencia normativa que incrementa los gastos que soportan las familias sin ofrecer un beneficio claro ni demostrado.

Mientras la medida sigue adelante y su obligatoriedad se acerca, el debate político y técnico continúa abierto. En el resto de Europa, la reflexión sobre nuevos dispositivos de emergencia avanza, pero ningún país ha dado un paso tan rápido y unilateral como el que España pretende dar. Vox espera que esta comparación sirva para frenar lo que consideran una imposición innecesaria. El Gobierno, por su parte, defiende que se trata de una mejora en la seguridad viaria. Será el Congreso quien determine si el criterio técnico o el político prevalece en un terreno donde ambos suelen chocar.

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