Facua destapa un nuevo fiasco de la DGT mientras el Gobierno mira hacia otro lado

Facua-Consumidores en Acción ha vuelto a poner el dedo en la llaga este martes al denunciar lo que considera un “fraude masivo” tolerado —cuando no amparado— por la Dirección General de Tráfico. La polémica gira en torno a la venta de balizas de emergencia V-16 supuestamente homologadas, que diversas empresas están comercializando usando de forma indebida el logotipo de la DGT y confundiendo deliberadamente a los conductores. Una situación que, lejos de ser atajada, parece encontrar a un Gobierno instalado en la pasividad y la autocomplacencia.

Rubén Sánchez, secretario general de Facua, compareció en la sede de la organización en Sevilla para exigir la activación inmediata de un “protocolo de alerta pública” que informe de forma clara sobre las irregularidades. Porque, según afirmó, “no basta con decir ‘míralo en la web de la DGT’”. Lo que hace falta, insistió, es que la Administración “actúe de una vez” frente a empresas que están usando la imagen oficial para vender dispositivos que dejarán de ser válidos el 1 de enero.

Sánchez aseguró que las irregularidades detectadas son flagrantes: productos anunciados como “homologados por la DGT”, acompañados de su logotipo, sin advertir al consumidor de que carecen del sistema de conectividad obligatoria a partir de 2026. “Nadie compra una baliza que no le va a servir dentro de semanas si tiene la información completa. Pero aquí se está ocultando deliberadamente”, denunció.

Una DGT muda ante un fraude en toda regla

La crítica de Facua a la Dirección General de Tráfico fue directa: “gravísima pasividad”, “inacción absoluta” y “permisividad inexplicable”. Según Sánchez, Tráfico no ha movido un dedo mientras fabricantes y plataformas de venta “se están forrando” a costa de los usuarios. Un comportamiento institucional que, a su juicio, ha permitido “un fraude comercial a gran escala”.

Resulta especialmente llamativo —y así lo subrayó Sánchez— que la DGT no haya enviado ni una sola comunicación directa a los conductores explicando las nuevas obligaciones. Ninguna carta, ningún aviso personalizado, ningún esfuerzo pedagógico. “Eso sí sería cumplir con su trabajo”, espetó el portavoz, reclamando una comunicación oficial urgente que evite que miles de ciudadanos se vean desprotegidos ante el cambio normativo.

A preguntas de los periodistas, Sánchez insistió en que la situación deja a los conductores vendidos: si les multan por usar una baliza no homologada, “el consumidor debe conocer la norma”, pero también es cierto que muchos han sido víctimas de un engaño. En estos casos, podrían reclamar responsabilidades a la empresa vendedora, aunque el daño ya estaría hecho.

“Error, manipulación y fraude”: un cóctel que el Gobierno no corrige

Lo que para Facua resulta evidente es que se ha generado una confusión masiva entre los consumidores. Miles están comprando balizas bajo un “error inducido”, fruto de una manipulación comercial que nadie en el Gobierno ha frenado. Sánchez animó a reclamar la devolución del dinero en todos aquellos casos en los que se haya adquirido una baliza anunciada como “homologada por la DGT” sin aclarar que no cumple los requisitos que impondrá la normativa a partir del 1 de enero de 2026.

Porque —recordó— estas balizas podían venderse sin problema siempre que se indicase claramente que no disponen del sistema de conectividad mediante tarjeta SIM exigido por la ley. Si no se advierte, se incurre en un engaño de manual. Y, según Facua, muchas empresas han preferido “colar el producto” antes que informar con transparencia y arriesgarse a quedarse con el stock.

Tres leyes vulneradas mientras el Ejecutivo mira para otro lado

La venta de estas balizas sin advertencias claras vulnera, según Facua, tres normas:

Tres textos legales que, en teoría, el Gobierno debería velar por hacer cumplir. Pero que, en la práctica, están siendo ignorados en un contexto de descontrol comercial.

Sánchez fue más allá: habló de una “omisión premeditada” de información en pleno auge de compras. “Ocultan que no está conectada con la DGT porque saben que muchos consumidores van a picar”, afirmó, criticando el afán por liquidar inventarios a costa del desconocimiento ciudadano.

Ante esta circunstancia, Facua pide a los compradores que denuncien ante la autoridad de consumo de su comunidad autónoma o ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que a su juicio debería estar actuando con mayor contundencia.

Mientras tanto, la organización trasladará a dicho Ministerio todos los casos que recopile sobre balizas con información engañosa para exigir la apertura de expedientes sancionadores. Otra advertencia pública más ante un Gobierno que, según Facua, continúa sin aportar soluciones mientras el caos normativo crece.