La movilidad sostenible empieza por una carretera en buen estado: España necesita 13.500 millones para poner al día su red viaria

Hay una parte de la movilidad que rara vez ocupa titulares cuando se habla de sostenibilidad: el estado de las infraestructuras por las que nos desplazamos. La conversación suele centrarse en el coche eléctrico, el transporte público, la bicicleta, los combustibles alternativos o el cambio modal, pero todos esos sistemas necesitan una red viaria que funcione correctamente.

Y en España esa red acumula un problema que ya no parece coyuntural. El último diagnóstico de la Asociación Española de la Carretera (AEC), realizado sobre una muestra de 4.000 kilómetros y extrapolado a una red de 101.700 kilómetros, sitúa en 54.373 kilómetros los tramos que presentan deterioros graves o muy graves. Es decir, algo más de la mitad de la red analizada necesita algún tipo de actuación en un horizonte máximo de cuatro años.

La cifra más preocupante son los 33.966 kilómetros que requieren reconstrucción urgente, con actuaciones que deberían ejecutarse en menos de un año. En esos tramos aparecen problemas estructurales como baches, roderas o la denominada ‘piel de cocodrilo’, además de grietas y otros deterioros superficiales. En 2022 eran alrededor de 13.000 los kilómetros considerados en esta situación.

El deterioro, por tanto, no solo ha aumentado: lo ha hecho a una velocidad considerable.

13.491 millones para recuperar lo que ya existe

El diagnóstico de la AEC cifra en 13.491 millones de euros el déficit acumulado de conservación de las carreteras españolas. De esa cantidad, 4.721 millones corresponden a la red estatal y otros 8.770 millones a las redes autonómicas y forales.

El incremento respecto al diagnóstico de 2022 es significativo. Entonces la factura estimada para corregir las deficiencias era de 9.453 millones de euros. Tres años después supera los 13.400 millones, una evolución que la propia asociación relaciona tanto con el aumento de los costes como con el deterioro acumulado de los firmes.

Hay además una cuestión que debería hacer reflexionar a cualquier responsable de infraestructuras: conservar una carretera suele ser mucho menos costoso que reconstruirla cuando el deterioro ya es estructural. La propia AEC advierte de que el problema se agrava cuando se deja pasar el tiempo y los daños superficiales terminan afectando a la estructura del firme.

No se trata únicamente de recuperar el aspecto de una carretera. Un firme deteriorado condiciona la circulación, puede obligar a reducir velocidades, incrementa el desgaste de los vehículos y genera costes adicionales para quienes utilizan diariamente esas vías.

La AEC estimó, por ejemplo, que el mal estado de las carreteras podía provocar un incremento del consumo de combustible de hasta el 12% en determinados desplazamientos y calculó en más de 270 millones de euros el sobrecoste asociado durante los meses de verano de 2025.

La carretera también forma parte de la movilidad sostenible

La cuestión adquiere una dimensión mayor coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre de 2026 y que este año pone el foco en una movilidad accesible para todas las personas y en la equidad entre generaciones.

Porque la movilidad sostenible no consiste únicamente en cambiar el vehículo que utilizamos. También significa conseguir que las personas puedan desplazarse de manera segura y eficiente, independientemente de dónde vivan o de cuál sea su medio de transporte.

Los datos del Ministerio de Transportes muestran que en 2024 la Red de Carreteras del Estado registró 213.552 millones de vehículos-kilómetro de viajeros y 213.803 millones de toneladas-kilómetro de mercancías. Además, esa red estatal concentra el 53% del tráfico total y el 65,5% del tráfico de vehículos pesados por carretera.

La logística es especialmente dependiente de ella. En 2025 España movió 272.600 millones de toneladas-kilómetro de mercancías por carretera, equivalentes al 14,5% del transporte de mercancías por carretera contabilizado en la Unión Europea, según Eurostat.

Por eso, hablar de carreteras no es hablar exclusivamente del conductor que utiliza su coche cada mañana. Es hablar de distribución, industria, agricultura, comercio, transporte colectivo, servicios públicos y conexión entre territorios.

También afecta al transporte público y a la bicicleta

Existe además una paradoja en la forma de abordar la movilidad. Mientras las administraciones impulsan el transporte colectivo, los vehículos de bajas emisiones, las infraestructuras de recarga o los itinerarios ciclistas, buena parte de esos sistemas necesitan apoyarse en una infraestructura viaria adecuadamente mantenida.

Un autobús interurbano utiliza la carretera. Una ambulancia utiliza la carretera. Un vehículo eléctrico utiliza la carretera. Un servicio de reparto utiliza la carretera. Y buena parte de los desplazamientos cotidianos que permiten mantener conectados pequeños municipios y áreas rurales también dependen de ella.

Lo mismo sucede con las nuevas formas de movilidad. Un itinerario ciclista seguro no puede entenderse únicamente como una cuestión de señalización o de pintura sobre el asfalto. Necesita una infraestructura correctamente diseñada, conservada y adaptada a las condiciones de circulación.

La propia estrategia española de movilidad sostenible ya recoge entre sus líneas de actuación la necesidad de reforzar la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras existentes, vinculando esa conservación con la mejora de la seguridad. La cuestión es que la realidad de la red parece haber ido por otro camino.

Pero existe una inversión mucho menos visible que resulta igualmente necesaria: mantener aquello que ya hemos construido

Mantener antes que reconstruir

El debate sobre movilidad suele plantearse en términos de grandes inversiones: nuevas líneas ferroviarias, corredores, electrificación, puntos de recarga o renovación de flotas. Todas ellas pueden formar parte de una estrategia de transformación del transporte.

España dispone de una extensa red de carreteras que permite conectar grandes ciudades con pequeñas poblaciones, polígonos industriales, puertos, centros logísticos y zonas rurales. No mantenerla adecuadamente supone deteriorar progresivamente un patrimonio público que ha requerido décadas de inversión.

El problema tampoco parece limitarse a una administración concreta. El diagnóstico de la AEC señala necesidades tanto en la red estatal como en las autonómicas y forales. Por territorios, Aragón presenta un 68% de su red con deterioros graves o muy graves, mientras Castilla-La Mancha y Galicia alcanzan el 59%. La Comunidad de Madrid se sitúa en el 38%, por debajo de la media nacional del 52%.

La fotografía, por tanto, es territorialmente desigual, pero el déficit de conservación afecta al conjunto del país.

La movilidad del futuro también necesita carreteras del presente

La transición hacia una movilidad más eficiente y menos contaminante exige nuevas tecnologías, pero también infraestructuras capaces de soportarlas. El propio Gobierno ha presentado este mes el nuevo Marco de Acción Nacional para desarrollar la red de recarga y combustibles alternativos, con especial atención a la Red Transeuropea de Transporte.

Es un ejemplo de cómo la movilidad está cambiando a gran velocidad. Pero mientras se despliegan cargadores, se electrifican flotas y se diseñan nuevas soluciones de transporte, una parte importante de la infraestructura sobre la que tendrán que circular esos vehículos necesita una actuación urgente.

La discusión, por tanto, no debería plantearse como una elección entre carretera y movilidad sostenible. La carretera es uno de los soportes sobre los que se construye esa movilidad.

La Semana Europea de la Movilidad invita este año a pensar en un transporte accesible para todas las generaciones. Y probablemente haya una conclusión sencilla detrás de esa idea: no puede existir una movilidad realmente sostenible, segura y accesible si la infraestructura básica que la hace posible se deja deteriorar.

Los 13.491 millones de euros que calcula la AEC no son únicamente una factura para reparar asfalto. Son el precio de recuperar una parte del patrimonio viario que sostiene diariamente la movilidad de millones de personas y el movimiento de buena parte de la economía española.

La alternativa no pasa necesariamente por construir más kilómetros. En muchos casos, la prioridad puede estar en conservar correctamente los que ya existen.