Calviño planea acabar con 20.000 empleos y fomentar la dependencia del Estado

El Gobierno de coalición está decidido a generar dependencia de sus políticas para perpetuarse en el poder. O eso es lo que se extrae de la futura Ley Audiovisual que pretende aprobar el Gobierno en el Congreso de los Diputados, en principio, con los apoyos de sus socios de investidura.

La nueva norma, con una vinculación directa con la ministra de Economía, Nadia Calviño, generará unas pérdidas de 78 millones de euros en las empresas del sector y acabará con unos 20.000 empleos. Son las principales conclusiones del informe “¿Qué impacto tiene la ley audiovisual en el sector de la publicidad?” del Foro Regulación Inteligente.

El director de este Foro, Diego Sánchez de la Cruz, ha explicado que las medidas dirigidas a la restricción publicitaria de determinados productos a un horario concreto provocaría un impacto negativo sobre la cifra de negocio de las compañías publicitarias. Y es que con esta nueva norma, las restricciones serían lo habitual.

El anteproyecto recoge la obligación de fijar horarios a la publicidad en medios digitales como las plataformas de intercambio de vídeos. En ese sentido, esta normativa limita a un horario de 01.00 a 05.00 de la madrugada la publicidad de determinados productos y servicios, como por ejemplo las casas de apuestas con ciertos negocios online.

Sin embargo, estas restricciones son genéricas y dejando de lado a muchos negocios que pueden aportar millones de euros a las televisiones o plataformas de vídeo. Además del impacto en el empleo: El Foro calcula que estas limitaciones afectarían al empleo que genera el sector de la publicidad que ocupa a 98.600 personas, según el Observatorio de la Publicidad.

En concreto, Sánchez de la Cruz ha detallado que esta normativa podría provocar la destrucción directa de 3.000 puestos de trabajo en el sector a corto plazo y alcanzándose los 20.000 a medio plazo en términos directos e indirectos. "Esta normativa pone de manifiesto la necesidad de que las políticas públicas incorporen evaluaciones de impacto que amortigüen los efectos negativos a nivel económico ya que, de otro modo, las regulaciones acaban teniendo un impacto económico negativo como es el caso del proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual”, ha recalcado.

Una norma que en la memoria del Gobierno desde que Sánchez llegó a Moncloa

Esta futura Ley Audiovisual se remonta en sus inicios a 2018, año en el que la Unión Europea aprobó su nueva Directiva de Comunicación Audiovisual. En ese momento, los países miembro deberían haber adaptado la norma a sus Estados. Pero no fue el caso de España. En Moncloa Sánchez tenía en mente una norma parecida a la que hoy está en el Congreso, en trámites.

Con la llegada de Podemos a Moncloa y con el Gobierno de coalición ya formado tras las elecciones de 2019, el PSOE y la formación morada culminaron el retraso legislativo de la aplicación de la norma. De hecho, otros países habían actualizado por entonces la normativa de Bruselas y la habían mejorado. No fue el caso de España.

Lo que hoy tenemos es una “copia”, con retoques “destructivos”, de aquella norma europea. De hecho, Moncloa le ha sacado mucho más provecho con estos “retrasos legislativos”. Y es que al haber esperado tanto en aplicar la norma, se echó encima la pandemia de covid, algo que retrasó aún más al Gobierno. Y al llegar la crisis sanitaria, Moncloa ha visto la oportunidad perfecta para “colar” esta ley dentro de los fondos europeos.

Es decir, de los 70.000 millones de euros que España recibirá a fondo perdido, Sánchez ha incluido la Ley Audiovisual entre los elementos que justifican la necesidad de esas ayudas. Dicho de otro modo, Moncloa recibirá dinero que no tiene que devolver diciendo que se va a comprometer a aplicar una reforma que ya iba a hacer.

Y es que al recibir esos fondos europeos que no necesitan ser devueltos, Bruselas sí exige nuevas normas o modificaciones legislativa que expliquen a dónde va a ir el dinero. En este caso, los fondos irán a algo que de por sí ya estaba pensado. Una estrategia redonda para el Gobierno de coalición, si no fuera porque Calviño ya ha recibido informes desfavorables del Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Y, para mayor gloria de Sánchez, tampoco convencer a las empresas del sector, que verán como ingresos “recurrentes y seguros” solo los de la publicidad institucional. Una publicidad que Unidas Podemos ya ha apuntado que quiere que se reforme. Hasta ahora, la publicidad del Gobierno se otorgaba a los medios con más audiencia y con ingresos “proporcionales”; La formación morada dice que hay que cambiarlo por criterios “de género” e “igualdad”. Otro punto más para Montero y Calviño. Otro “palo” más para los españoles.