Sánchez declara una cruzada al coche y pone más trabas a los conductores
Los nuevos impuestos aplicados a los vehículos, la reforma del código de circulación y el estado de las carreteras complican cada vez más la circulación en España

Pedro Sánchez
El Gobierno de coalición está empeñado en poner trabas a los ciudadanos que quieran un vehículo particular. Desde los nuevos impuestos “ecologistas”, hasta el aumento en las cantidades a multar por lo agentes, pasando por el deplorable estado de las carreteras, los conductores ven cada vez más complicado hacerse con un coche.
Una de esas trabas tiene que ver con el motor de propulsión de cada coche. El diésel, que actualmente experimenta junto a la gasolina una de las subidas más acusadas de los últimos tiempos, llegando a superar los 1,80 euros el litro, subirá su precio todavía más por la previsible nueva aplicación del impuesto verde.
Un aumento mensual que podría situarse en de media en cada familia en unos 3,40 euros, sin tener en cuenta lo que pagarían de más con las subidas de precios generalizadas. Esta medida afectará a más de 13,5 millones de vehículos diésel que hay en la actualidad en nuestro país. La Ministra de Economía, Nadia Calviño, ha explicado que el proyecto, incluido en los presupuestos, incluye ajustes en materia de impuestos existentes y nuevas figuras muy en línea con la política medioambiental, con otro nuevo impuesto a los plásticos, los residuos y esta reducción de la bonificación extraordinaria que había para el diésel.
Primero fue el diésel, luego la gasolina y ahora los coches de segunda mano. Los organismos públicos son claves para abrir debates en la sociedad sobre ecología, como en los dos primeros casos, o sobre seguridad en el último caso. El último en posicionarse al respecto ha sido la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha declarado la guerra al mercado de segunda mano.
El coche de segunda mano, en el punto de mira “fiscal”
Primero fue el diésel, luego la gasolina y ahora los coches de segunda mano. Los organismos públicos son claves para abrir debates en la sociedad sobre ecología, como en los dos primeros casos, o sobre seguridad en el último caso. El último en posicionarse al respecto ha sido la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha declarado la guerra al mercado de segunda mano.
El director de la institución, Pere Navarro, ha asegurado que hay que renovar el parque automovilístico y que, para ello, es fundamental poner freno a los vehículos de ocasión. Un argumento que, asegura, está fundamentado en la seguridad vial: "Nos interesa renovar para evitar la compraventa de vehículos. No puede ser que haya transferencias y compraventas de vehículos de gran antigüedad”.
Y es que no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola según lo expertos: los organismos generan incertidumbre por los discursos ecológicos antidiésel o antigasolina, lo que genera que el comprador tenga dudas sobre si adquirir o no. Al final, opta por un coche de segunda mano del que pueda deshacerse en unos años si las legislaciones cambian.
En cualquier caso, la DGT ha mostrado su preocupación por el envejecimiento del parque automovilístico registrado estos últimos años, especialmente desde el confinamiento total en marzo de 2020 por la crisis del coronavirus. El organismo cree que el fenómeno del "coche mileurista” es peligroso porque se trata de vehículos de segunda mano antiguos que cuentan con pocas medidas de seguridad, según ellos.
El lamentable estado de las carreteras, un riesgo y freno para los nuevos conductores
Otro de los motivos por los que muchas personas deciden no sacarse el carnet de conducir, o directamente dejen de usar el coche, es por el mal estado de las vías. Se supone que la Administración se hace cargo de su mantenimiento con los no pocos impuestos que pagan los españoles, pero esto no sucede así.
De hecho, el número de accidente por el mal estado de las carreteras supone ya un 30% del total de accidentes registrados en España. Por eso el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ya ha advertido de que el Código Penal recoge sanciones para los responsables de arreglar los desperfectos en las carreteras, que en buena parte de los casos es el Estado.