El TC de Conde-Pumpido se dispone a revisar ya el recurso de Junqueras contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) se dispondrá la próxima semana a admitir a trámite los recursos presentados por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarle la ley de amnistía. Según ha confirmado el orden del día del TC, el Pleno del tribunal iniciará la deliberación sobre la admisión de estos recursos el próximo martes. Además, se tratarán los recursos presentados por los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, quienes, al igual que Junqueras, han recurrido la denegación de la amnistía por parte del TS.

Los tres dirigentes independentistas impugnaron dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio, que les negó la aplicación de la ley de amnistía, y la del 30 de septiembre, que ratificó dicha decisión. Según fuentes jurídicas consultadas, se espera que la mayoría del TC acepte los recursos, lo que abriría la puerta a la deliberación sobre el fondo del asunto, evaluando si la postura del TS estuvo conforme con el derecho. Cabe señalar que, hasta ahora, todos los asuntos vinculados al 'procés' han sido admitidos por el Tribunal Constitucional para su estudio.

El magistrado César Tolosa, perteneciente al ala conservadora, será el encargado de redactar la providencia que dará respuesta a Junqueras y Romeva, mientras que el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, del sector progresista, se encargará del caso de Bassa. Los tres exdirigentes consideran que la decisión del Supremo vulneró sus derechos fundamentales, ya que la Corte Suprema rechazó aplicarles la amnistía por malversación, alegando que obtuvieron un beneficio personal y afectaron los intereses financieros de la Unión Europea durante el referéndum ilegal del 1-O.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional también abordará el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo de acogida de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario. La corte se centrará en si el protocolo cumple con los estándares establecidos para la protección de los derechos fundamentales de los menores, tras la impugnación presentada por el Gobierno central, que considera que el protocolo vulnera el derecho a la igualdad y la integridad moral de los menores migrantes que llegan a Canarias.