El Gobierno patina en su relato: "El acuerdo de inmigración defiende los derechos humanos"

A punto de cumplirse la media hora de comparecencia en la sala de prensa de Moncloa, tras el Consejo de Ministros de este martes, Elma Saiz baja la vista al monitor de la mesa y verbaliza el mensaje que quiere colocar Presidencia del Gobierno: "La ley garantiza el respeto por los derechos humanos". Saiz lo verbaliza como si el Ejecutivo de una democracia tan asentada ya como la española no propusiera leyes y normas que defienden los principios más básicos. Pero, por si no le ha quedado claro a la audiencia, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insiste en la misma idea: "No hace falta demostrarles que somos un Gobierno que defendemos, dentro y en todos los espacios y ámbitos internacionales, una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos". 

Elma Saiz no lo repite sólo en dos ocasiones. Es más, en su respuesta a la siguiente pregunta de los periodistas vuelve a replicar con idéntico argumento, el de "una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos", añadiendo "que trabaja por la inclusión, teniendo un discurso migratorio absolutamente positivo, porque así lo consideramos".  

"Pacto racista" y "antiinmigración"

La pregunta que toca hacerse es: ¿por qué insisten desde Moncloa en este relato? La respuesta la ha puesto sobre la mesa Podemos. Ione Belarra, secretaria general de la formación, se niega -por ahora- a dar el sí un acuerdo con Junts, al que considera como un partido "antiinmigración". Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos habla directamente de "pacto racista" entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. No son los únicos que lo piensan, pero sí de los pocos socios de Sánchez que lo dicen.

Con el 'no' -a día de hoy- de Podemos, y sin necesidad de entrar en los detalles del resto de grupos que conforman el bloque de legislatura, la aritmética parlamentaria vuelve a dar la espalda a los intereses de los socialistas e independentistas catalanes. Una realidad que van a tratar de cambiar los habituales negociadores de Ferraz en las próximas semanas. Sin embargo, mientras tanto, fuentes de Moncloa tratan de calmar los ánimos y relajar posturas al explicar que esta transferencia de inmigración a Cataluña, simplemente, es "una competencia, como muchas otras en el Estado". Aunque a renglón seguido reconocen que "son temas muy sensibles, que descontextualizados pueden llamar la atención", porque "si coges una frase suelta -del acuerdo- es difícil de abordar".

"No hemos acordado lo que dice Junts"

Ese mismo entorno que trabaja muy próximo al presidente del Gobierno también busca la manera de desacreditar al expresidente huido de la Justicia, cuando se jacta de haber conseguido "gestionar competencias de inmigración que sólo ejercen los Estados". Desde el Palacio de la Moncloa y desde la calle Ferraz coinciden de nuevo al hablar de que "una cosa es lo que un partido político pueda defender y otra bien distinta lo que hayamos acordado". Y entonces, quién dice la verdad. Porque esas mismas fuentes sentencian: "no hemos acordado lo que ellos dicen en rueda de prensa; hemos acordado una delegación".   

Precisamente, esa palabra "delegación" es la que insiste en repetir una y otra vez la ministra Saiz. Habla incluso de la necesidad de ser cuidadosos con el lenguaje, porque es otra de las claves. Lo que parece evidente es que el relato del Gobierno no está calando, como en otras ocasiones. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Bolita, bolita, dónde está la bolita.