La UCO, clave de bóveda de las causas que ponen presión a Sánchez

La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), bajo el mando del coronel Yuste Arenillas desde 2023, se ha convertido en una pesadilla para el Ejecutivo, al intervenir directa o indirectamente en las causas judiciales de los familiares del Presidente del Gobierno; de José Luis Ábalos y del Fiscal General del Estado.

En algunos de los citados casos, las instrucciones se han iniciado gracias a informes de la UCO, y en otros han sido los jueces quienes han instado a la UCO a investigar. La supuesta complicidad jueces-UCO en las investigaciones de presunta corrupción del entorno presidencial, llevan a la conclusión de que el futuro de Sánchez está en buena medida ligado a los movimientos de la Unidad de élite de la Guardia Civil.

Los jueces que instruyen los casos próximos a Moncloa no se fían de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal) perteneciente a la Policía Nacional, a la que consideran “politizada”, y en este momento cercana al Ejecutivo del PSOE. Además, el exjefe de la Unidad, Óscar Sánchez Gil, está acusado de colaborar con una organización criminal dedicada al narcotráfico, tras ser detenido en noviembre de 2024, algo nada edificante para la unidad de élite de la Policía Nacional.

La UDEF, que dirige en la actualidad Fernando Alonso Avilés, ha desaparecido de las causas vinculadas a la gran corrupción económica, y dedica sus esfuerzos básicamente a delitos de corrupción de cargos políticos en las administraciones locales de escaso peso demográfico y político.

Paradojas de la vida, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es juez en excedencia, y ostenta, a su vez, la responsabilidad última en el mando sobre la UCO y la UDEF. En las defensas de imputados próximos al ejecutivo socialista, es frecuente la pregunta: ¿pero qué pasa con Marlaska y la UCO, no puede exigir el ministro que se hagan informes más imparciales? ¿Es que no controla eso?

Pero el ministro del Interior tiene el pleno respaldo de Pedro Sánchez, es inamovible e incuestionable: hasta el final. Grande-Marlaska tiene acceso a toda la información sensible que circula por España. Tiene “oidos” e informadores distribuidos por todas las terminales que puedan interesar al Ejecutivo, grandes empresas incluidas.

Los jueces desconfían

Fuentes sindicales de la Policía Nacional aseveran que los jueces no confían en la UDEF por la afinidad de la cúpula de la Unidad de élite de la Policía Nacional con el ministro Marlaska. Esa supuesta dependencia gubernamental habría llevado a los jueces más beligerantes con el Ejecutivo a apoyarse en la UCO.

En opinión de los abogados de las defensas de imputados del entorno de Sánchez “es difícil saber si es la UCO la que lleva la iniciativa con sus informes, seguimientos, registros, interrogatorios... o son los jueces instructores quienes utilizan los servicios de la Unidad de élite de la Guardia Civil para avanzar en sus respectivas instrucciones".

En realidad, siempre ha existido el debate en los grandes partidos, PSOE y PP, de si la UCO “va por libre”, o realmente se limita a ser una institución instrumental de los juzgados. La última decisión del Juez Peinado, reclamando que la UCO vuelva a investigar la relación del rescate de Air Europa con la financiación de las actividades de Begoña Gómez, ha revelado una inesperada fricción entre el señor Peinado y la UCO.

Que la UDEF está desactivada es un dato objetivo, después de una hoja de servicios brillante, desde la “Operación Malaya” a la trama Gürtel, pasando por el caso Pujol, el caso Neurona, el caso de Tito Berni; o la compra de votos en Melilla.

Fuentes sindicales policiales señalan que los juzgados dan la espalda a la UDEF, pero que hay un intento “discreto” y “fino” desde el Ministerio del Interior para encapsular a la UCO y neutralizar cualquier intento crítico desde la Guardia Civil hacia el Gobierno.

Desestabilizar a JUCIL

Precisamente, el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, JUCIL, vive estas semanas un auténtico tsunami con enfrentamientos en su cúpula (filtraciones periodísticas mediante...) que llevan a la actual cúpula directiva de JUCIL a acusar al ministerio del Interior de interferir en el proceso electoral en marcha para favorecer las opciones del sindicato AUGC, próximo al SUP –Sindicato Unificado de Policía- en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil que tendrán lugar en los próximos meses.

En el sindicalismo policial recuerdan estos días que en plena campaña sindical para la representación en el Consejo de la Policía de 2023 surgió una filtración en distintos medios de comunicación sobre supuestas irregularidades económicas que afectaban al sindicato mayoritario entonces, JUPOL, abiertamente contrario al Gobierno socialista y particularmente al ministro Grande-Marlaska.

La oportuna filtración pudo influir en un resultado electoral que resultó favorable al Sindicato Unificado de Política (SUP), en detrimento de JUPOL, el sindicato “rebelde” que mantiene una alianza estratégica, precisamente, con JUCIL.