El colmo: García Ortiz propondrá a un fiscal que podría influir de manera decisiva en su investigación

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene previsto proponer este martes al candidato que dirigirá una nueva y controvertida unidad de la Fiscalía: la de delitos contra la administración pública. Lo llamativo no es solo la creación del puesto, sino el hecho de que el futuro fiscal al frente de esta unidad será quien fije el criterio jurídico sobre el delito de revelación de secretos, precisamente el tipo penal por el que el Tribunal Supremo investiga al propio García Ortiz. El conflicto de intereses es tan evidente como preocupante.

La designación se decidirá en un Pleno del Consejo Fiscal en el que también se cubrirán otras plazas relevantes, como la de fiscal de sala de violencia contra la mujer o la de seguridad vial. Sin embargo, todas las miradas están puestas en la nueva plaza de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, una figura creada por el Gobierno en el marco del llamado Plan de Acción por la Democracia.

Lo que ha hecho saltar las alarmas no es solo el perfil del puesto, sino el hecho de que será el propio García Ortiz quien proponga al candidato, a pesar de estar bajo investigación por un delito que entra dentro del ámbito de esta nueva unidad. Es decir, podría elegir al fiscal que, de facto, marcará la línea argumental sobre un caso que le afecta directamente.

Asociación de Fiscales pide que se abstenga

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha solicitado que García Ortiz se abstenga de hacer esta propuesta. Consideran que su participación pone en duda la imparcialidad de la institución y compromete la credibilidad del Ministerio Público. "No resulta ni ético ni estético", ha denunciado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, instando incluso a eliminar del orden del día este punto para postergar el nombramiento.

A pesar de estas advertencias, todo apunta a que García Ortiz desoirá las peticiones y propondrá a su candidato, previsiblemente Emilio Sánchez Ulled, fiscal anticorrupción con experiencia en Cataluña y en organismos europeos.

El propio diseño de la nueva unidad también ha sido objeto de críticas desde su nacimiento. La AF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) votaron en contra de su creación, denunciando un solapamiento de funciones con la Fiscalía Anticorrupción. En su lugar, proponían reforzar con medios humanos y materiales la Fiscalía Especial que dirige Alejandro Luzón, en lugar de abrir una nueva estructura que, sospechan, podría tener un uso político.

Desde la Fiscalía se defiende la nueva unidad asegurando que no tendrá funciones jurisdiccionales y que se limitará a coordinar y unificar criterios. Además, alegan que se centrará en casos de corrupción de menor entidad pero de carácter sistémico, como los detectados en ayuntamientos y diputaciones, dejando a Anticorrupción los casos más relevantes.

Sin embargo, la coincidencia entre las competencias del nuevo fiscal y el delito que afecta a García Ortiz convierte este nombramiento en una maniobra altamente cuestionable. Porque, aunque legalmente el fiscal general tiene la última palabra, la sombra de la sospecha se cierne sobre una decisión que, más allá de lo jurídico, pone en juego la confianza pública en la Fiscalía.