El Constitucional admite el recurso de Madrid contra el decreto de menores migrantes por posible invasión de competencias
La Comunidad de Madrid logra que el Tribunal Constitucional estudie su recurso contra el decreto ley del Gobierno central sobre menores migrantes, al considerar que vulnera la distribución competencial y principios clave como la autonomía financiera y la lealtad institucional.
(Foto de ARCHIVO) Vista del Tribunal Constitucional.
Nuevo capítulo en la pugna entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto-ley 2/2025, una norma aprobada el pasado 18 de marzo con medidas urgentes para la protección de menores y adolescentes en situaciones migratorias extraordinarias.
La Comunidad de Madrid sostiene que el decreto vulnera principios básicos del orden constitucional y del reparto de competencias entre el Estado y las autonomías. Según argumenta el Gobierno regional, la norma invade competencias autonómicas esenciales recogidas en su Estatuto de Autonomía y podría suponer una restricción injustificada al derecho fundamental de libre circulación de los menores extranjeros no acompañados.
El Ejecutivo madrileño, además, advierte de que el decreto no solo rompe el equilibrio competencial, sino que también incurre en una falta de lealtad institucional, al imponer medidas sin diálogo ni consenso con las comunidades afectadas. A juicio del Gobierno de Ayuso, el texto aprobado por Moncloa transgrede los artículos 2, 138, 149 y 156 de la Constitución, así como los principios de solidaridad y autonomía financiera, pilares del Estado de las Autonomías.
El recurso, ya admitido por el Alto Tribunal, también denuncia la posible arbitrariedad del decreto y la ausencia de una justificación sólida que ampare su aprobación por la vía de urgencia. Desde el entorno de la presidenta madrileña subrayan que no se oponen a la atención de menores vulnerables, pero exigen que cualquier medida se adopte con previsión, corresponsabilidad y dentro del marco legal vigente.
La decisión del Constitucional abre ahora un proceso de análisis que podría tener implicaciones directas sobre la aplicación del decreto y su validez jurídica. Mientras tanto, el recurso marca un nuevo punto de fricción entre el Gobierno central y varias autonomías, como Madrid, que han mostrado su malestar con lo que consideran una "imposición unilateral" por parte de Moncloa.