no es la primera vez
Cuantiosa multa a Vox por presuntas donaciones irregulares: 330.000 euros a través de cajeros automáticos
En concreto, a los de Abascal el Tribunal de Cuentas les sanciona por incumplir el apartado a del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos al haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo.
El presidente de VOX, Santiago Abasca.
El Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox con 862.496,72 euros por una infracción considerada "muy grave": aceptar donaciones en efectivo sin identificar, contraviniendo la ley de financiación de partidos. La resolución, aprobada en el último pleno del órgano fiscalizador gracias el voto particular de dos consejeros, apunta a irregularidades durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal habría recibido más de 330.000 euros a través de cajeros automáticos bajo el concepto de "actividades promocionales". El Tribunal no ha podido determinar si se trataba realmente de compras de merchandising o de donaciones anónimas encubiertas, algo expresamente prohibido por la legislación vigente. Vox tiene la posibilidad de recurrir la multa ante el Tribunal Supremo y seguro que lo hará.
Así lo hicieron cuando el partido se ha visto enredado en otras ocasiones en este tipo de sanciones. En 2023 ya fue multado con más de 233.000 euros por destinar donaciones a financiar acciones judiciales, otro uso irregular según los criterios del Tribunal de Cuentas. Sanción que, como decimos, fue recurrida al Tribunal Supremo.
La sombra de la financiación irregular siempre ha sobrevolado la formación que dirige Abascal. Además de estas sanciones confirmandas por parte del Tribunal de Cuentas, cabe destacar las insinuaciones públicas que Luis 'Alvise' Pérez ha hecho públicamente, dejando caer que Vox también habría recibido fondos no declarados a través de criptomonedas, como supuestamente ocurrió en su propia campaña.
Decimos también porque el fundador de 'Se Acabó la Fiesta' está siendo investigado por posible financiación irregular de su joven partido. En su causa, la Fiscalía Anticorrupción investigó al empresario Álvaro Romillo, alias ‘Criptospain’, por donar grandes sumas en efectivo y criptoactivos a Alvise, que llegó a sugerir que la misma red podría haber financiado a otros partidos como Vox. La respuesta de los de Abascal fue una querella por calumnias, que el Tribunal Supremo finalmente archivó al interpretar que las declaraciones de Pérez no constituían una acusación directa.
Precisamente respecto a este conflico abierto entre ambos, el Juzgado de Primera Instancia Número 97 de Madrid ha citado el próximo 7 de mayo a Abascal y Alvise a un acto de conciliación. En la resolución, el Juzgado emplaza a partir de las 10.30 horas de ese día a la representación de ambos, que están exentos de acudir de forma personal a este acto, ya que pueden comparecer por medio de sus respectivos abogados.
Exlíder de Vox en Andalucía irá a juicio en mayo de 2026 por un posible fraude
No es la única noticia de tintes negativos relacionada con Vox en las últimas horas. El exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, será juzgado en mayo de 2026 por presunta estafa y fraude de subvenciones en relación con un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros concedido en 2016 por el Ministerio de Industria. Junto a él se sentarán en el banquillo sus socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros. La Fiscalía les acusa de haber simulado solvencia económica para obtener el préstamo destinado a construir una fábrica de pellets en Niebla (Huelva), proyecto que nunca se ejecutó conforme a lo prometido.
Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía. EUROPA PRESS 06/4/2020
Según la investigación, constituyeron la empresa Biowood Niebla con apenas 7.000 euros y datos falsos sobre maquinaria que nunca existió. Una vez recibido el dinero público, parte del préstamo fue desviado para otros fines: pagar deudas personales y empresariales, constituir un fondo de inversión, y financiar actividades ajenas al proyecto, como gastos del despacho Serrano Abogados o préstamos a empresas vinculadas a los acusados. De los 2,48 millones otorgados, solo una pequeña parte fue destinada realmente a la construcción prevista.
El juez instructor aprecia indicios sólidos de que el dinero público fue usado de forma fraudulenta, presentando documentos para simular el avance del proyecto mientras desviaban los fondos a intereses privados. Por ello, impuso a los acusados una fianza de más de 3,3 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades civiles. La causa se originó tras una denuncia de Rubén Sánchez, secretario general de Facua, y está respaldada por un informe de la UDEF.