El Gobierno reanuda su ofensiva con los menores migrantes: nueva reunión con las CCAA pese al rechazo

La maquinaria del Gobierno vuelve a activarse y lo hace en un terreno que levanta cada vez más recelos en los gobiernos autonómicos: el reparto forzoso de menores migrantes no acompañados. El próximo lunes 5 de mayo, el Ministerio de Juventud e Infancia ha citado de nuevo a las comunidades autónomas en Madrid para continuar con la hoja de ruta marcada por el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado con el respaldo del PSOE, sus socios y Junts, y que ha abierto una nueva grieta entre Moncloa y los territorios.

La reunión, aplazada la semana pasada por el apagón energético que paralizó el país, estará presidida por la ministra Sira Rego y tendrá lugar en la sede del Ministerio de Política Territorial. Aunque se presenta como un encuentro “de coordinación”, lo cierto es que el clima está más enrarecido que nunca. Comunidades como Madrid o Aragón han alzado la voz, pidiendo la cancelación de la cita o recurriéndola ante los tribunales por considerar que vulnera sus competencias.

“Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad legal y moral de proteger a los menores en situación de desamparo”, reivindicó la consejera madrileña de Familia, Ana Dávila, en una carta enviada a Rego. Más tajante ha sido Aragón, que ha interpuesto un nuevo recurso contencioso-administrativo y denuncia un “trato de favor” hacia Cataluña en este asunto, fruto del acuerdo político entre el Gobierno de Sánchez y Junts.

La norma en cuestión, convalidada por la mínima en el Congreso el pasado 10 de abril, reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para imponer nuevos criterios de distribución entre autonomías. Establece, además, que si una comunidad triplica su capacidad de acogida ordinaria, se activará un protocolo que obligará al resto a asumir menores en un plazo máximo de 15 días.

Desde el Ejecutivo defienden que el texto da “autonomía” a la Conferencia Sectorial para adaptar los criterios por unanimidad, pero lo cierto es que la mayoría de gobiernos autonómicos del PP ya han mostrado su oposición frontal. Consideran que el decreto invade competencias propias y pone en riesgo la viabilidad de los sistemas de protección sin dotaciones adecuadas.

La situación no es nueva: ya en julio de 2023, la primera intentona legislativa fue tumbada en el Congreso. Desde entonces, Moncloa ha mantenido una estrategia de presión institucional que algunos territorios consideran “imposición disfrazada de diálogo”.

Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que se trata de “una respuesta solidaria y justa” ante la saturación de algunas comunidades como Canarias, Ceuta o Melilla. Sin embargo, en la práctica, el decreto se ha convertido en un nuevo campo de batalla político y jurídico entre el Gobierno y las autonomías.

Este lunes, la sala de juntas del Ministerio se convertirá en escenario de un nuevo pulso institucional. Pero cada vez parece más difícil que el Gobierno logre el consenso necesario para aplicar un sistema de reparto que, lejos de resolver, está avivando el conflicto territorial.