David Sánchez no se libra: la jueza envía a juicio al 'hermanísimo' al ver "claros indicios de criminalidad"

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha abierto juicio oral contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno tras rechazar su recurso contra su procesamiento. Concretamente se sentará en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación al puesto que ocupó durante casi 6 años en la Diputación de Badajoz. 

También van a juicio el presidente de la misma por aquel entonces y actual líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas. Entre ellas también se encuentra Luis María Carrero, exasesor de Moncloa al que David Sánchez llamaba "querido hermanito" y que acabó con un puesto al lado del del hermano del presidente del Gobierno.

Así consta en un auto dictado este mismo jueves en la causa donde se ha investigado la presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez. La jueza indica que hay "claros indicios de criminalidad". 

"El puesto se había creado para él"

Concretamente la jueza sostiene que David Sánchez tuvo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación "se había creado para él". Según el auto, se presentó al proceso de selección "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

El origen del puesto se sitúa, según la magistrada, en una "petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de Sánchez, que "conocían la necesidad" de que este accediera a un empleo, ya que "en ese momento carecía de trabajo estable". El objetivo, añade, era que el puesto fuera ocupado por él y en esa decisión participaron el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo; la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano.

El auto también rechaza los recursos de reforma interpuestos por los acusados, aunque todavía pueden recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, la jueza aclara que "la admisión de los recursos de apelación no tiene efecto suspensivo del procedimiento", y por tanto, "no procede el sobreseimiento de la causa", dando por "reproducidos los argumentos ampliamente expresados en el auto de procedimiento abreviado".

Delitos que afectan a intereses colectivos

En esta fase procesal, la jueza aborda además el papel de la acusación popular, ejercida en solitario por el sindicato Manos Limpias, como única parte que ha solicitado la apertura de juicio oral. Al respecto, Biedma recuerda que "existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo" según la cual, en casos como este, "la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral", al tratarse de delitos que afectan a intereses colectivos y donde no hay personación de un interés particular.

Cabe destacar que esta resolución judicial, dictada el jueves 22 de mayo, se produce tras la decisión de Gallardo de iniciar los trámites para incorporarse a la Asamblea de Extremadura, lo que le otorgaría la condición de aforado. Un movimiento únicamente dirigido a conseguir esa condición para tener más protección jurídica ante lo que se avecinaba, que se ha confirmado este jueves. Unas artimañas y una jugada que le han pillado pero que le acabarán otorgando esa protección extra, ya que será el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el que le juzgue y no al Juzgado de lo Penal de Badajoz.