El despropósito sigue en el PSOE de Extremadura defendiendo lo indefendible con el 'aforamiento exprés' de Gallardo

Miguel Ángel Gallardo, mandado al banquillo de los acusados (a falta de la última apelación a la Audiencia Provincial) por el caso de la contratación de David Sánchez cuando era presidente de la Diputación de Badajoz, ha encontrado refugio en la Asamblea de Extremadura. Su acceso relámpago al Parlamento regional tiene un motivo principal claro y evidente: conseguir la condición de aforado para gozar de mayor protección jurídica. Es un clamor y una jugada en parte inteligente pero carente de principios.

Él mismo, cuando se descubrió el pastel durante esta semana, aceptó a regañadientes que necesitaba esa protección ante lo que considera una injusticia que está viviendo. Sin embargo, desde el PSOE de Extremadura (del que es secretario general y por lo tanto líder) siguen defendiendo que se trata de una decisión por meros motivos políticos. Parece que en las regiones aprenden de Moncloa: salvar al jefe cueste lo que cueste.

Este viernes ha sido la portavoz de los socialistas extremeños, Isabel Gil Rosiña, la encargada de defenderle a capa y espada, negando división interna y que el movimiento corresponde a la necesidad de un 'aforamiento exprés' de Gallardo.

La entrada de Miguel Ángel Gallardo como diputado autonómico ha levantado una polvareda política y judicial no solo en Extremadura, también a nivel nacional. Lo que el PSOE califica como una decisión estratégica para “reforzar la oposición” a María Guardiola huele, para muchos, a una maniobra de protección frente al inminente juicio contra Gallardo y el hermano del presidente del Gobierno. La excusa oficial: motivos políticos. La sospecha generalizada: pánico judicial.

Gil Rosiña ha negado rotundamente que el nombramiento de Gallardo responda a su procesamiento en la causa que investiga la contratación presuntamente irregular de David Sánchez. Según Rosiña, no hay prisas, ni urgencias, ni cortinas de humo. Solo “una decisión adoptada hace una semana” por los órganos internos del partido.

"Esto no es un convento"

En una comparecencia repleta de frases evasivas y afirmaciones inconsistentes, Rosiña ha llegado a comparar las diferencias internas del PSOE con un debate normal: “Esto no es un convento”, dijo, intentando restar importancia al malestar expresado por figuras como Miguel Ángel Morales, expresidente del PSOE en Cáceres, quien ha criticado estos días abiertamente no haber sido informado de los “movimientos preocupantes” para colocar a Gallardo en el Parlamento.

Rosiña, sin embargo, ha querido dar una imagen de unidad artificial, asegurando que el partido está cohesionado y que en la decisión participaron todos los cuadros institucionales, incluido el sustituto de Morales.

Cuatro renuncias, una diputada sacrificada y el juicio al acecho

El acceso de Gallardo no ha sido ni simple ni limpio, tal y como hemos contado en ESdiario durante esta intensa semana en tierras extremeñas. Para hacerle hueco, una diputada ha tenido que abandonar su escaño y hasta cuatro personas anteriores en la lista electoral han tenido que renunciar voluntariamente a asumir el acta. Un procedimiento poco habitual que evidencia la urgencia del movimiento y refuerza la sospecha de que el aforamiento era la verdadera meta. Todo esto saltó un día antes del auto de la jueza Beatriz Biedma que acordaba abrir juicio oral contra los implicados.

Para colmo, la portavoz socialista ha llegado a cuestionar los tiempos de la justicia, criticando las “prisas” de la jueza que instruye el caso, al más puro estilo Bolaños. Ese ministro de Justicia que cada vez que puede intenta desacreditar las decisiones de los magistrados. Según Rosiña, el juicio oral se ha abierto sin esperar a que se resolvieran los recursos pendientes ante la Audiencia Provincial. Eso no quita que las explicaciones en el auto de la jueza sean bastante claros y concluya que hay "claros indicios de criminalidad".

El PSOE lo niega todo, pero los hechos cantan

A pesar de sus esfuerzos, Gil Rosiña no ha podido ocultar la obviedad. El calendario judicial ha atropellado al calendario político y el PSOE ha reaccionado blindando a su líder. Más bien todo hace indicar que ha sido él, por decisión propia, el que lo ha hecho. Todos pasaron por el aro hasta que llegó el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que se negó a cesar a una de las Subdelegadas para que entrarar, como recompensa, la diputada que había cedido su puesto en el Parlamento a Gallardo. 

Las palabras de la portavoz de “el aforamiento no significa impunidad” no consiguen aplacar la crítica ciudadana, del Partido Popular, ni las divisiones internas.La jugada del PSOE extremeño, lejos de apaciguar, ha encendido el debate sobre el uso partidista de las instituciones, otro de los clásicos del 'sanchismo'. Gallardo ya tiene su escaño. Ahora, salvo sorpresa, le espera el juicio.